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05 abril, 2021
Sergio Sarmiento
Columnas

AHORA, HIDROCARBUROS

“El rumbo es contrario al que se registra en otros países del mundo”.

Como en el caso de la nueva Ley de la Industria Eléctrica el presidente López Obrador quiere apresurar el paso por el Congreso de la iniciativa para enmendar la Ley de Hidrocarburos. Se entiende. La Semana Santa y la de Pascua ponen una pausa al trabajo legislativo y el periodo ordinario de sesiones vence el 30 de abril. Después vienen tiempos de campaña y de incertidumbre política por el resultado de los comicios del próximo 6 de junio.

Para el presidente López Obrador esta reforma es tan importante como la de la industria eléctrica. Quizás el presidente no busca imponer un sistema marxista, no quiere eliminar del todo la propiedad ni la inversión privada, pero está convencido de que el Estado debe controlar las industrias energéticas. Son los dogmas del viejo PRI en que él se desarrolló políticamente.

El problema jurídico con la Ley de la Industria Eléctrica es que la Constitución se modificó en 2014 para colocar a la generación de electricidad como una de las actividades que no quedaban exentas de la prohibición a los monopolios que establece el artículo 28 de la Carta Magna. Por eso los jueces han declarado unánimemente suspensiones a la nueva ley. El caso de la Ley de Hidrocarburos, sin embargo, es distinto. La exención a la prohibición a los monopolios se mantiene en esta actividad. Por eso los proyectos de hidrocarburos que operan en nuestro país son permisos y no concesiones.

Si bien las enmiendas a la Ley de Hidrocarburos tocan varios temas y no son todas negativas, su propósito fundamental, la razón por la cual se propusieron y por la que el presidente quiere apresurar su paso por el Congreso, es que otorgan la posibilidad al gobierno de suspender virtualmente a discreción los permisos otorgados; y no solo para hidrocarburos sin procesar sino también para petrolíferos (esto es, gasolinas y diésel) y petroquímicos.

Castigo

La iniciativa plantea, en un nuevo artículo 59 bis, que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán suspender los permisos de operación en este campo “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. No habrá tribunal al que recurrir en caso de que se tome esta decisión de manera improcedente.

Por otro lado el artículo 53 cambia la afirmativa ficta, que significaba que se autorizaba un trámite de cesión en materia de hidrocarburos en automático si transcurrían 90 días del inicio del trámite sin respuesta de la autoridad, a una negativa ficta. En otras palabras: el trámite se considerará como negado si pasan los 90 días y la autoridad no responde. La medida está hecha para facilitar las negativas y para promover los actos de corrupción para aumentar la velocidad de los trámites.

La filosofía de los cambios en la Ley de Hidrocarburos, como en el caso anterior de la Ley de la Industria Eléctrica, es castigar a la inversión privada, considerarla un mal necesario, un recurso que solo debe aceptarse cuando no hay otra opción o cuando se paga dinero por debajo del agua para facilitar el proceso.

El rumbo es contrario al que se registra en otros países del mundo, que buscan abrir la inversión en energía a la inversión privada. Es un retorno a los tiempos del viejo PRI en que el Estado tenía monopolios absolutos en petróleo, petrolíferos, petroquímica y electricidad. El resultado inevitable es que habrá menos inversión pero también por eso una menor tasa de crecimiento y de creación de empleos.