Es falso que los seres humanos seamos buenos por naturaleza. La violencia nos ha acompañado desde un principio. Solo la certeza de un castigo ha disuadido a la gente de agredir a sus semejantes. Durante mucho tiempo ese castigo solo se daba por medio de la venganza, pero en los tiempos modernos el Estado es el responsable. Preservar la seguridad e impartir justicia son, en efecto, las dos responsabilidades fundamentales de cualquier gobierno.
Sin embargo, estas dos responsabilidades han sido grandes fracasos del Estado mexicano. La violencia es una de las peores pesadillas de quienes viven en nuestro país; la falta de justicia, otra. La delincuencia no es un problema de pobreza o de desigualdad, como afirman tantos políticos: no hay en los estados de la República ni en los países del mundo una correlación entre pobreza e inseguridad. En México, un estado pobre como Yucatán tiene muy bajos niveles de delincuencia, mientras que otros relativamente prósperos, como Tamaulipas, Sinaloa o Colima, registran cifras muy elevadas. La causa real es la impunidad.
Este 5 de marzo los mexicanos vimos con preocupación una explosión de violencia insensata en el estadio La Corregidora de Querétaro durante un partido de futbol. Los protagonistas fueron los barristas de los Gallos Blancos y, en menor medida, los del Atlas de Guadalajara. Decenas de personas fueron golpeadas de manera brutal. No es la primera vez que lo vemos, aunque quizá nunca con tanta amplitud y saña. Las imágenes conmocionaron al país. Por eso las autoridades del estado de Querétaro, que gobierna el panista Mauricio Kuri, y las del futbol organizado prometieron que no habría impunidad.
Sanciones
Hay que reconocer que la fiscalía de Querétaro actuó con habilidad y de manera decisiva. A través de los videos disponibles, y de mensajes en redes sociales, identificó y detuvo para el 9 de marzo a 14 presuntos responsables, aun cuando dos fueron liberados porque no se demostró que hubieran estado en el lugar de los hechos. Uno incluso fue entregado por su propia madre. Habrá que ver si ahora se logran las sentencias que harían que los responsables realmente permanezcan un tiempo justo en la cárcel.
La sanción más severa contra los Gallos Blancos por parte de la junta de dueños de la Liga MX fue ordenar que el equipo cambie de dueño. Se determinó también que tendrá que jugar sin público durante un año, lo cual tiene un costo enorme y, curiosamente, dificultará la venta ordenada por la propia liga. Inhabilitar por cinco años a los directivos del equipo tiene sentido en principio, pero cuando se aplica la sanción a Adolfo Ríos, el director deportivo, que no solo no tiene nada que ver con la seguridad del estadio sino que arriesgó su propia vida al bajar del palco de la directiva para tratar de detener las golpizas, es insensato. Castigar a un inocente no ayuda a evitar delitos y menos cuando es alguien que hizo todo lo posible por impedirlos. Peor aún es que se haya condenado también a los equipos de mujeres y menores a jugar sin público. ¿Qué culpa tuvieron las mujeres y los juveniles?
Las razones de la violencia en La Corregidora fueron las mismas de la violencia en el país: la falta de una fuerza del orden capacitada y preparada, y la impunidad acumulada durante tanto tiempo. Si realmente se castiga con cárcel a quienes repartieron golpes salvajes se mandará un mensaje de que ya no hay o por lo menos se ha reducido la impunidad. Castigar a inocentes simplemente no ayuda.