Tan solo en mayo se registraron dos mil 833 homicidios dolosos en nuestro país: 91 cada día. Es una cifra impresionante para una nación que supuestamente vive en paz. Se calcula que los muertos civiles en la guerra de Ucrania, entre la invasión rusa del 26 de febrero y el pasado 13 de junio, fueron cuatro mil 569. Estamos hablando de 45 muertos al día. En México tenemos más del doble… sin guerra.
En este sexenio se estabilizó el número de homicidios dolosos e incluso se registra un descenso, pero las cifras siguen estando entre las más altas de la historia y las mayores del mundo. Con 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, México se ubica entre los 15 países más violentos del planeta. Estamos debajo de El Salvador, con 52; o Venezuela, con 37; pero muy arriba de países como Estados Unidos, con cinco; España, con 0.62, o Japón con 0.26.
El gobierno festeja la estabilización y descenso en los homicidios en este sexenio. Es importante que las cifras ya no suban. Pero no podemos cerrar los ojos a la persistente realidad de violencia que vivimos. La responsabilidad principal del Estado, de cualquier Estado, es proteger la vida y las propiedades de los gobernados, pero no la está cumpliendo. La violencia afecta a todos los estratos y grupos sociales, pero ha sido particularmente mortífera en México para sacerdotes y periodistas.
Afirma el presidente que no se puede combatir la violencia con violencia, que los criminales son también seres humanos, pueblo bueno que debe ser perdonado. Declara que busca combatir las causas de la violencia y por eso entrega recursos a los jóvenes que no trabajan ni estudian. Al mismo tiempo culpa de la violencia en México a la libertad de comercio de armas en Estados Unidos. Por eso ha presentado una demanda civil en los tribunales estadunidenses contra las empresas que fabrican y venden armas.
Ley de la selva
No hay razones para pensar que estas estrategias funcionen. La idea de que los pobres son quienes mayoritariamente matan es un simple prejuicio. Dar dinero a los jóvenes, por otra parte, no impedirá que se incorporen al crimen organizado. Tampoco es cierto que el libre comercio de armas sea el generador de la violencia; si fuera así, México, donde las armas están prohibidas, no tendría seis veces el número de homicidios de Estados Unidos, donde la venta y posesión son legales.
No estoy seguro de que no se deba combatir la violencia con violencia. La impunidad es la principal causa de la delincuencia y los homicidios. Si no se emplea la fuerza, muchas veces es imposible detener a los asesinos. José Noriel Portillo, el Chueco, asesino de dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas en la Tarahumara, no habría abandonado la carrera del crimen por dos mil pesos al mes en asistencia gubernamental. Tampoco tuvo dificultades para obtener armas pese a la prohibición en nuestro país. Un abrazo, por otra parte, no lo hubiera convencido de abandonar su vida criminal.
“La población en México estamos solos, abandonados a nuestra suerte, sometidos a la ley del más fuerte, sometidos a la ley de la selva. Estamos sometidos a la ley del secuestro, de la extorsión del asesinato”, declaró Juan Luis Hernández, jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón.
La principal responsabilidad de un gobierno es proteger a las personas. Tenemos, sin embargo, un gobierno que hace mil tareas pero ha dejado de cumplir su responsabilidad fundamental.