Los controles de precios han sido siempre dañinos. La enorme mayoría de las veces terminan generando más perjuicios que el beneficio que se pretende lograr al establecerlos. Si los gobiernos los fijan a niveles realistas, son innecesarios; pero si se colocan a niveles demasiado bajos, para comprar votos, afectan de manera negativa la oferta de bienes y servicios y perjudican a los consumidores.
Por eso es tan importante la decisión del juez Rodrigo de la Peza, uno de esos juzgadores en materia de competencia económica que el presidente López Obrador ha cuestionado una y otra vez, al otorgar una suspensión provisional para que no entre en vigor un esquema de control de precios para las Afores.
Una enmienda al artículo 37 de la Ley del Sistema de Ahorro establece un límite de 0.57% en las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro, las Afores. La suspensión provisional puede ser reemplazada por una definitiva el próximo 15 de diciembre, una vez que el juez haya estudiado el asunto más a fondo. El amparo lo promovió Afore Azteca, pero el juez decidió darle aplicación general para no dar una ventaja indebida a otras Afores pequeñas, que son las afectadas por la medida.
La libertad de precios funciona como se pensaba en el mercado de las Afores. Si en 1997, cuando se creó el sistema, se cobraba una comisión de 14.59% sobre el saldo administrado, en 2020 se había reducido a 0.8% en promedio. Los políticos, sin embargo, decidieron imponer a partir de enero de 2022 un tope de solo 0.57% en estas comisiones.
Consecuencias
Este tope no afectará demasiado a las grandes operadoras en este mercado, pero sí a las pequeñas y más nuevas, sobre todo por la manera en que se calculan los montos sobre los que se cobra la comisión. Las Afores más pequeñas tendrán grandes dificultades para bajar sus comisiones a ese tope. Algunas pueden terminar cerrando sus puertas y vendiendo sus activos a las de mayor tamaño.
Quizás ese sea el propósito de este control de precios: favorecer a las grandes empresas financieras. Al cerrar las pequeñas, sin embargo, se reducirá la competencia. Si las grandes Afores no pueden subir sus comisiones, entonces empezarán a reducir la calidad de sus servicios. Al final los consumidores serán los más afectados.
La experiencia histórica nos dice que los controles de precios tienen consecuencias negativas importantes. Los tuvimos en México, en los alquileres de vivienda del Distrito Federal, desde los cuarenta hasta los noventa. El resultado fue un deterioro enorme en las viviendas, sobre todo del Centro Histórico, ya que los inmuebles terminaron abandonados por sus dueños debido a la incosteabilidad de mantenerlos.
En México y en otros países, por otra parte, los controles de precios reducen o eliminan los incentivos a la producción. Esto hace que baje la oferta, lo que al final se traduce en escasez y mayores precios o mercados negros.
La imposición de un control de precios en las Afores refleja la ignorancia económica de los políticos que impulsan la medida. A nadie le conviene provocar el cierre de las Afores más nuevas o pequeñas. Es mejor mantener un mercado en libertad que haga que las Afores vayan bajando sus comisiones conforme aumentan su competitividad. Los mercados son siempre más eficientes en sus decisiones que los burócratas y los políticos.