Si algo nos dice la experiencia es que los controles de precios tienen consecuencias perversas. Thomas Sowell, el renombrado economista de la Hoover Institution, escribió: “Los controles de precios casi invariablemente producen mercados negros donde los precios no son solo más altos que los permitidos legalmente, sino también más altos de lo que serían en un mercado libre, ya que los riesgos legales deben ser compensados. Aunque los mercados negros de pequeño tamaño pueden funcionar de manera clandestina, los mercados negros de gran escala usualmente requieren de sobornos para que los funcionarios vuelvan la vista a otro lado”.
Por eso preocupa la petición de la Secretaría de Energía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que tope los precios del gas LP, el principal combustible de los mexicanos para calentar agua y cocinar alimentos.
La secretaria Rocío Nahle emitió una “Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor” en la que, como autoridad coordinadora del sector energético, advierte “la necesidad de generar un marco de protección a los consumidores de gas LP para atender de emergencia un problema en la industria, el cual provoca un problema social y de seguridad nacional que requiere de una respuesta urgente”.
Pide a la CRE que “emita normatividad de emergencia, en un plazo no mayor a tres días, que garantice el bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP, que no fomenta la riqueza de un sector de la industria a costa de un daño a otro”.
Burocracia
El primer problema de la petición es su ilegalidad. El artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos señala que los precios del gas LP debe definirlos el mercado. La ilegalidad, sin embargo, no es hasta ahora un obstáculo para que el gobierno aplique medidas ideológicas. La CRE, supuestamente autónoma, debería rechazar la petición de la Sener precisamente porque viola la ley, pero el gobierno del presidente López Obrador ha tomado control de la CRE y hoy le dicta las resoluciones que debe aprobar.
Pero el problema de fondo es que el control de precios desincentiva la producción, importación y distribución del producto. Si los precios no son suficientes para cubrir los costos se producen escasez y mercados ilegales. Esto es particularmente cierto si consideramos que el alza del gas es un fenómeno internacional.
Si la autoridad quisiera realmente garantizar el abasto a un precio razonable debería fomentar que más jugadores tomen parte en el mercado. Este ya se encuentra muy diversificado, con la participación de cientos de empresas, pero la autoridad debe dar trámite a cientos de solicitudes de servicios de empresas que se quedaron varadas en una burocracia cada vez más inoperante.
Y si lo que quiere la secretaria Nahle es provocar una crisis artificial para que el gobierno entre al mercado con una empresa subsidiada por los impuestos, como Gas Bienestar, entonces quizá tendrá éxito, aunque la estrategia dañará a los consumidores. “Los controles de precios funcionan solo para los políticos”, escribió el economista Sowell. “Los políticos saben que la gente común y corriente piensa que controlar precios es una gran idea”. Quizás ellos sí saben que los controles provocan serios problemas, pero les interesan más los votos que el bienestar de la sociedad.