Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente en buena medida por el hartazgo de los mexicanos frente a la corrupción. Todos los empresarios y muchos de los ciudadanos que tenían tratos con el gobierno enfrentaban los costos y humillaciones de la corrupción. La decisión del electorado de recurrir a un candidato que prometía cambiar todo, pero en especial acabar con la corrupción, no simplemente disminuirla, se debió a este cansancio.
Terminar con la corrupción, sin embargo, no es algo tan sencillo como afirma el ahora mandatario. No se trata nada más de barrer las escaleras de arriba para abajo. La corrupción es compleja y persistente. Enrique Peña Nieto justificó que era un fenómeno cultural. López Obrador hoy sostiene que la corrupción ha desaparecido, por lo menos en los más altos niveles del gobierno. Ojalá fuera cierto pero hay muchos indicios para pensar que no.
El juicio contra Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, señala una posibilidad de cambio. Yo estoy convencido de que la corrupción no es cultural sino una consecuencia de la impunidad. Mientras quienes se encuentren en los más altos niveles del poder sientan que son invulnerables a cualquier acción legal por los actos de corrupción que cometan no solo seguirán cometiéndolos sino que además servirán de ejemplo para que sus subordinados lo hagan también.
Incertidumbre
El juicio de Emilio Lozoya tiene mucho de mediático y de político. El presidente López Obrador lo utiliza como plataforma para fortalecer la posición de su partido, Morena, con vistas a las elecciones de 2021. Enjuiciar a un alto exfuncionario, sin embargo, no garantiza que se termine con la impunidad. No ocurrió con el proceso en contra de otro exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, que se convirtió en emblemático de la llamada “renovación moral de la sociedad” del presidente Miguel de la Madrid en los ochenta. No ha ocurrido con otros procesos contra funcionarios acusados de corrupción, quizá porque quienes delinquen siguen pensando que las posibilidades de que se les sancione son muy pequeñas.
Emilio Lozoya acepta las acusaciones de corrupción en su contra porque busca trato de testigo colaborador. Esto le permite saldar cuentas con quienes fueron sus jefes en el pasado y lo echaron del equipo a medio sexenio. Las diferencias entre Lozoya y Videgaray fueron un secreto a voces en el gobierno de Peña Nieto.
La decisión de Lozoya de presentar una denuncia de hechos presuntamente constitutivos de delito, en la que refiere que Peña Nieto y Videgaray le ordenaron entregar dinero ilícito proveniente de las empresas Odebrecht y AHMSA a legisladores y políticos a cambio de apoyar la aprobación de las reformas estructurales, obligará a que Peña Nieto y Videgaray sean citados a comparecer y presenten su versión de lo sucedido. Esto nos ayudará a entender mejor cómo se financió la campaña de 2012 y cómo funcionaron los procesos para obtener los consensos que permitieron la aprobación de las reformas. Sabremos más también acerca de los presuntos sobornos pagados por Odebrecht y AHMSA.
El proceso contra Lozoya apenas empieza y no conocemos todavía sus implicaciones. No sabemos si se presentarán acusaciones formales contra Videgaray o Peña Nieto. El juicio ayudará sin duda a los esfuerzos electorales de Morena y del presidente López Obrador. Lo que no es tan claro es si realmente pondrá fin a la impunidad y a la corrupción.