Hay victorias muy costosas. Un ejemplo es la que obtuvo el presidente López Obrador este 22 de febrero al conseguir la aprobación en el Senado de su Plan B de reforma electoral. La bancada oficialista aprovechó su mayoría para ganar la votación 72 a 50 después de un abrupto debate lleno de descalificaciones. Pero el triunfo puede salir caro.
Todas las reformas electorales de nuestro país, por lo menos desde la de Jesús Reyes Heroles de 1977, surgieron de demandas de la oposición para lograr un piso más parejo y se aprobaron con el respaldo de los opositores. Esta es la primera vez que una reforma electoral es impuesta por el gobierno. Peor aún, es la primera vez que el Congreso aprueba una ley electoral a sabiendas de que viola la Constitución.
Las razones por las que la oposición rechaza esta reforma son muy claras. Los cambios están hechos para favorecer al partido en el gobierno y para debilitar a las instituciones electorales. Muchas de las nuevas disposiciones quebrantan abiertamente la Constitución. El propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, lo ha advertido. Pero el presidente, quien exige lealtad ciega a sus legisladores, descarta cambiar la iniciativa o negociar con la oposición.
Estas nuevas disposiciones legales terminarán siendo juzgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El presidente apuesta a que los ministros que él ha designado se hagan de la vista gorda ante las violaciones constitucionales. Le ayuda el hecho de que en la SCJN se necesita una mayoría de ocho ministros, de los once, para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Y dos de las ministras siempre votan a favor de las posiciones del gobierno.
Sin embargo, el costo para el presidente no radica en la posibilidad de una derrota en la SCJN. Es un problema que puede ser mucho más profundo para un político que quiere asegurar un legado positivo en la historia.
Riesgo
Todos los indicadores disponibles nos dicen que el presidente y su partido, Morena, están en camino de ganar nuevamente las elecciones de 2024, como lo hicieron en 2018 y 2021 a nivel federal y en muchos comicios estatales y municipales. El presidente no tiene necesidad de cambiar las reglas para que su partido siga ganando. Este cambio sin el voto de la oposición, no obstante, puede manchar el triunfo de Morena en 2024. El sucesor de López Obrador quedaría en la historia como un presidente ilegítimo, como Carlos Salinas de Gortari tras su triunfo sobre Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, cuando Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral.
López Obrador tiene razón cuando dice que nuestro sistema electoral es demasiado caro. Mucho se puede hacer para reducir su costo. Pero este Plan B ni siquiera hace un esfuerzo para lograrlo. Si así fuera, habría incluido una disminución importante en el dinero público que se entrega a los partidos políticos, casi seis mil millones de pesos en 2023, un año sin elecciones federales. La iniciativa no recorta un centavo a las prerrogativas de estas organizaciones.
El presidente pudo haber acordado una reforma electoral con la oposición, como se ha hecho en todas las anteriores. Ha preferido imponer una reforma construida sin siquiera respetar las reglas constitucionales. Corre el riesgo de que la Suprema Corte simplemente declare la ilegalidad de su reforma. Pero aun si logra salvar el obstáculo, su papel en la historia se verá afectado por haber impuesto una reforma desde el poder que no tenía más propósito que fortalecer a su partido y debilitar el sistema electoral.