La fiscal que ha llevado el caso contra Genaro García Luna en el estado de Nueva York, Saritha Komatireddy, dijo en un principio que presentaría a 70 testigos, lo cual hizo que se previera que el proceso podría durar hasta ocho semanas. Este es un tiempo inusitadamente largo en un juicio en Estados Unidos. Al final han sido solamente 25, lo cual acorta el juicio.
La enorme mayoría de estos testigos han sido criminales convertidos en colaboradores por las propias autoridades estadunidenses. Fue el caso, por ejemplo, de Sergio Villarreal Barragán, El Grande; o de Jesús Zambada, El Rey. Los dos narcotraficantes afirmaron haber entregado maletas con millones de dólares al entonces secretario de seguridad pública.
Ambos, sin embargo, fueron detenidos cuando García Luna era secretario de Seguridad.
Zambada también dijo que había dado dinero a Gabriel Regino, quien fue subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.
Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, detenido también por narcotráfico y quien confesó haber cometido una larga serie de delitos, entre ellos homicidios, afirmó que el gobernador nayarita Ney González le dijo que el entonces presidente Felipe Calderón y García Luna le habían ordenado favorecer al Chapo Guzmán frente a otros narcotraficantes.
Entre los testigos que no son criminales estaba Miguel Madrigal, un agente de la DEA (Drug Enforcement Agency), quien afirmó que su organización había empezado a seguir a García Luna por sospechas de una relación con el narcotráfico desde años atrás. José Moreno, un agente del FBI, narró cómo un operativo contra El Chapo Guzmán en Baja California fracasó por culpa de la Policía Federal, que estaba bajo el mando global de García Luna. Anthony Wayne, el exembajador de EU en México, declaró que nunca recibió información creíble de que García Luna pudiera estar asociado con el narco, pero aceptó que los agentes estadunidenses decían que preferían no trabajar con la Policía Federal.
Estrategia
La fiscal Komatireddy cortó su desfile de testimonios, quizá porque vio que la reiteración de testimonios no estaba funcionando. Una y otra vez el abogado defensor, César de Castro, insistía en que los testigos eran criminales que buscaban beneficios judiciales y no había una sola prueba fehaciente contra su cliente.
Tener un alud de testimonios tiene sentido en un juicio ante un jurado, porque los integrantes, que no son abogados, pueden dejarse convencer ante la
reiteración, aunque no haya pruebas que lo confirmen. Esto no suele funcionar, sin embargo, en los juicios frente a un juez, que conoce la ley y suele considerar que la reiteración de testimonios sin pruebas no se convierte en una prueba. Al parecer, no obstante, la fiscal se dio cuenta de que los nuevos testigos ya no estaban logrando convencer a los jurados y decidió cambiar de estrategia.
El acusado, curiosamente, decidió no testificar. La defensa solo presentó a una testigo, Cristina Pereyra, la esposa de García Luna, quien dio información de las compras de terrenos, casas, autos o motocicletas de la familia. Al parecer el abogado defensor no quiso arriesgar más; poner en el estrado a García Luna pudo haber generado riesgos innecesarios.
Resulta difícil saber cuál será el veredicto de los jurados. Para un fallo de culpabilidad se necesita que los doce estén de acuerdo y ninguno tenga alguna duda razonable de esta responsabilidad. Pero cualquiera que sea la decisión es poco probable que el proceso termine ahí. Tanto la fiscalía como la defensa pueden apelar y lo más seguro es que lo hagan en un juicio que ha resultado tan sonado.