El presidente López Obrador se preguntó a sí mismo el 18 de noviembre: “¿Por qué tenerle confianza a un juez, a una jueza, a un fiscal en Estados Unidos, y no tenerle confianza en esta nueva circunstancia a un juez, a una jueza, a un fiscal en México? Vamos a que hablen los hechos, vamos a esperar”.
Hizo esta reflexión después de que el gobierno nacional logró una inusitada decisión de su contraparte en Estados Unidos: la liberación del general en retiro Salvador Cienfuegos —a quien se procesaba por narcotráfico y lavado de dinero en un tribunal de Nueva York— para ser enviado a México donde sería investigado y, en su caso, procesado.
La desconfianza en la justicia mexicana es centenaria y tiene buenas razones para existir. Desde tiempos de la Colonia e incluso en los reinos indígenas la justicia era lo que decía el gobernante. Los mexicanos nos hemos acostumbrado a pensar que en Estados Unidos y otros países desarrollados, donde los fiscales y los jueces han sido mucho más independientes, hay una verdadera justicia, mientras que en México lo que importa es lo que diga el gobernante.
El presidente López Obrador nos dice que las cosas han cambiado. No es, sin embargo, el primer mandatario que lo dice. Ernesto Zedillo cambió la Constitución para transformar radicalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y darle una verdadera independencia no solo al máximo tribunal sino a todo el Poder Judicial. Muchos observadores afirman que esta decisión efectivamente sirvió para construir un sistema judicial más autónomo y libre, pero otros piensan que no se cambió más que la forma.
La Procuraduría General de la República gozaba formalmente de autonomía, pero el presidente influía constantemente en sus decisiones. La nueva Fiscalía General de la República fue producto de una serie de reformas que buscaban no solo adaptarla al nuevo sistema penal acusatorio sino también darle una autonomía más amplia. La mayor parte de la gente, sin embargo, sigue viendo con escepticismo la independencia de la FGR.
Convencer
El acuerdo político entre los gobiernos de México y Estados Unidos para la liberación del general Cienfuegos pondrá ahora a prueba la credibilidad de esta nueva fiscalía. Vale la pena señalar que las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa han sido cuestionadas. Al parecer se trata de declaraciones de dos testigos protegidos y una serie de mensajes de Blackberry interceptados por las autoridades estadunidenses, los cuales sin embargo nunca mencionan directamente al militar. El fiscal norteamericano simplemente dio por hecho que el “padrino” de los mensajes era el exsecretario. Los abogados del general Cienfuegos, quien se declaró “no culpable” en la audiencia inicial en la corte federal del este de Nueva York, en Brooklyn, buscarían echar por tierra esta identificación. Pero ahora ya no le tocará decidir a un tribunal estadunidense sino en primera instancia a la FGR y, posteriormente, a jueces y magistrados de nuestro país.
Hay quien piensa que para demostrar su independencia la FGR tiene que presentar acusaciones contra el general Cienfuegos. Pero esa sería una pobre interpretación de la autonomía. Lo ideal sería que realmente determinara si tuvo alguna relación con un cártel del narcotráfico.
Cualquiera que sea la determinación de la FGR la institución tiene la obligación de ser sumamente transparente en la investigación y en las pruebas. Hoy más que nunca la fiscalía tendrá que convencer más que vencer. Y siempre es más difícil convencer.