El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se negó a ordenar la aprobación de la reforma de leyes secundarias electorales, el Plan B del presidente López Obrador, en fast-track; esto es, con dispensa de trámites.
Hace bien. Una reforma tan polémica e importante no debe pasar sin una discusión a fondo. No hay duda, sin embargo, de que la iniciativa se aprobará, aunque el propio Monreal expresa que muchas de sus disposiciones son inconstitucionales. Pocos senadores oficialistas se atreverán a desobedecer al primer mandatario.
La ley, una vez que concluya su paso por el Congreso, terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los once consejeros electorales, incluso los más cercanos a Morena, aprobaron un acuerdo para promover acciones de inconstitucionalidad contra las nuevas disposiciones.
Ya el INE presentó controversias constitucionales contra las partes aprobadas en el Congreso, que son las reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Las iniciativas están pésimamente hechas, se aprobaron sin cumplir con los requisitos parlamentarios y tendrán consecuencias muy negativas.
El sistema electoral mexicano tiene mucho que mejorar. Puede ser más barato y reducir sus reglas excesivas y su censura a la libertad de expresión. Pero hacer una reforma previa a una elección presidencial que favorezca al partido en el poder, no considere las consecuencias de los cambios y no tome en cuenta los puntos de vista de la oposición es muy mal precedente.
Nuestra actual legislación electoral, con todos sus defectos, es la única que nos ha permitido gozar de alternancia. Nunca habíamos tenido cambios pacíficos de partidos en el gobierno. No sorprende: nunca habíamos tenido un sistema que realmente diera igualdad de oportunidades a la oposición para ganar elecciones.
Riesgo
El presidente, con esa gran capacidad que tiene para reducir los argumentos a su mínima expresión, ha centrado sus razonamientos en los sueldos de los consejeros electorales. Estos obtienen, efectivamente, ingresos nominales superiores a los del mandatario, una vez que este se cortó el sueldo a sí mismo al empezar su sexenio. Lo curioso es que AMLO no se preocupa por los sueldos de otros funcionarios que ganan también más que él, como los ministros de la SCJN.
La verdad, sin embargo, es que los sueldos de los consejeros no pintan en el costo total del INE y el Plan B hace mucho más que simplemente recortar los sueldos. La reducción de presupuesto y de estructuras es tan fuerte, que realmente pone en riesgo la realización de elecciones con el sistema que tenemos. Por eso incluso los consejeros cercanos a Morena han estado de acuerdo en promover las controversias constitucionales. Por otra parte, si el gobierno realmente quisiera recortar el gasto habría bajado o eliminado las prerrogativas de los partidos políticos, pero no les ha quitado ni un centavo.
El presidente López Obrador no necesita ensuciar la elección para asegurar un triunfo. Sus programas sociales le han ganado la lealtad de millones. Todas las encuestas señalan que su alianza es favorita para ganar no solo la elección presidencial sino casi todas las demás. AMLO ganó las elecciones de 2018 y 2021 gracias precisamente a la actual legislación electoral, pero verá manchado su legado histórico si insiste en mantener una reforma electoral inequitativa y mal planeada.