Estamos acostumbrados a que los presidentes nos presenten informes de gobierno optimistas. En el caso de Andrés Manuel López Obrador el optimismo se ha prodigado porque él no se ha limitado a dar un informe al año. Este 1 de julio ofreció su enésimo informe de gobierno, ahora con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral de 2018, y lo hizo con su característico optimismo.
“Ya pasó lo peor de la crisis económica”, declaró. “Además la pérdida de empleos ya tocó fondo”. Sus argumentos fueron, sin embargo, extraños. Afirmó, por ejemplo, que las remesas recibidas del extranjero tuvieron un aumento de 18% en mayo lo cual, afirmó, es indicio de que ya se han superado los problemas de la economía nacional. Pero las remesas vienen principalmente de Estados Unidos; en todo caso podrían significar que la economía estadunidense ha empezado a recuperarse, pero no la nuestra.
Solo dedicó dos minutos del informe al tema de la pandemia, que es el que más afecta actualmente a nuestro país y al mundo. También en estos minutos se mostró optimista. “Hemos logrado reducir la intensidad del contagio… Pudimos ampliar a tiempo la infraestructura de salud con camas, ventiladores y otros equipos… Ningún enfermo se ha quedado sin ser atendido, nadie ha sido discriminado y el servicio médico se ofrece de manera gratuita”. No citó el número de enfermos o de muertes, ni el hecho de que por falta de pruebas las cifras son artificialmente bajas. Tampoco dijo que el número oficial de muertos en México ya rebasó al de España, pero sí señaló que se han recuperado 198 mil pacientes.
Visión
Es verdad que al presidente le ha tocado gobernar en un tiempo difícil. La pandemia deja hasta ahora más de medio millón de muertos en el mundo, pero además provoca el mayor colapso económico desde la Gran Depresión. Aun las mejores políticas públicas no habrían podido resolver tan fácilmente la situación.
Las estrategias del gobierno, sin embargo, han sido equivocadas desde antes. La economía empezó a declinar en 2019. La construcción ha estado cayendo a tasas de dos dígitos desde antes de la pandemia. Lo mismo ocurre con la inversión productiva. Los cambios de reglas del gobierno en el aeropuerto de Texcoco, la cervecera de Mexicali y las plantas privadas de electricidad generan un alto nivel de incertidumbre. Los inversionistas se dan cuenta de que el actual gobierno no cumple sus compromisos ni respeta el Estado de Derecho.
El presidente ratificó en el informe su visión de que repartir dinero es el camino a la solución de los problemas de la sociedad. “Antes de la crisis sanitaria —afirmó— 18 millones de hogares, de un total de 32 millones, eran beneficiarios de cuando menos uno de los programas sociales en curso, es decir, 55% del total de las familias. Ahora nos hemos propuesto para finales de este año llegar a 25 millones de hogares, 70% del total del país”.
La mayoría de estos programas son entregas directas de dinero. Tienen la ventaja, como el impuesto negativo que promovía Milton Friedman, de generar poca burocracia. Del lado negativo, empero, no tienen ni padrones ni seguimiento, por lo que no sabemos si sirven para algo o si simplemente se tiran a la basura.
Lo que sí sabemos es que los programas sociales no generan producción ni riqueza. El presidente nos dice que para fines de año 70% de los hogares recibirá estos programas. No nos dice cuántos estarán trabajando para pagarlos.