La seguridad es la exigencia más importante y válida de los ciudadanos ante un gobierno, cualquiera que sea. La razón misma de ser de un gobierno, sin importar su ideología, es garantizar que los gobernados estén protegidos en su vida, familias y propiedades. En México, sin embargo, este es uno de los principales fracasos, no de este gobierno sino de todos los de décadas recientes.
El presidente López Obrador nos dice que vamos por buen camino y cita estadísticas que sugieren que ha habido reducciones en algunos delitos importantes. En su IV Informe de Gobierno afirmó que el secuestro disminuyó 81% y todos los delitos de robo 23.4%. Incluso en homicidio doloso la estadística más fiable —porque es un crimen en el que hay poca cifra negra— la baja es de 2.82%, dijo.
Las cifras del INEGI, efectivamente, registran 36 mil 685 homicidios dolosos en 2018, último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, contra 35 mil 625 en 2021. Es una caída de 2.89%, muy cercana a la que cita el presidente. Quizá no sea un descenso drástico, pero cualquiera es bienvenido después de los aumentos de la violencia en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.
El presidente atribuye esta baja a dos acciones suyas: una política de abrazos y no balazos frente a los criminales, lo cual quiere decir que ha buscado reducir las causas de fondo de la delincuencia repartiendo asistencia social, y la creación de la Guardia Nacional (GN).
Muchos estudiosos del crimen afirman que es un mito que los pobres delincan más que las clases medias o los ricos, por lo que cuestionan que un programa social, aunque fuera exitoso, pudiera disminuir la delincuencia. Además, apuntan que la pobreza en México ha subido en vez de bajar, en buena medida por la pandemia y a pesar de los subsidios sociales. Tener una GN con 115 mil elementos, contra 30 mil que llegó a incorporar la Policía Federal, sería así el fundamento del presunto éxito de la estrategia de seguridad.
Objetivo
Estos argumentos explican la insistencia del gobierno para mantener la actual estructura de la GN, institución creada como dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pero que el artículo 21 de la Constitución dice que debe quedar bajo un mando y estructura civiles a partir de marzo de 2024. Ante el rechazo de los legisladores de oposición para avalar una enmienda constitucional que deje la GN de manera definitiva en la Sedena, el gobierno optó por mandar una iniciativa para reformar cuatro leyes secundarias, la cual aprobó en fast-track la mayoría gubernamental en la Cámara de Diputados y ahora se somete al Senado.
Las nuevas leyes, sin embargo, serán inconstitucionales porque el artículo 21 de la Carta Magna sigue requiriendo que la GN pase a ser civil en 2024 y las leyes secundarias no pueden prevalecer sobre la Constitución. El presidente se da cuenta, sin embargo, que contar con una corporación policial realmente poderosa, que pueda enfrentar en igualdad de circunstancias a las bandas del crimen organizado, es un objetivo políticamente popular. Quizá por eso está haciendo el ejercicio.
A la gente común y corriente, después de todo, poco o nada le importa si la GN es militar o civil. Lo que quiere es que la proteja del crimen organizado. Una Guardia Nacional militar quizá pueda lograr mayor éxito aunque sea inconstitucional, pero de lo que no hay duda es que conseguirá más votos.