Para el presidente López Obrador es un proceso crucial por razones políticas. El juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Nueva York, le representa una gran oportunidad para demostrar la corrupción que a su juicio permeó al gobierno de Felipe Calderón. Por eso anunció que dará cobertura diaria al proceso. En redes sociales su ejército de simpatizantes emprendió una campaña para visibilizar lo que llaman el “juicio del siglo”.
No sé, la verdad, si este es el juicio del siglo; simplemente el de Joaquín El Chapo Guzmán, en ese mismo tribunal de Brooklyn, parece bastante más importante. Pero lo relevante es determinar si el narco logró corromper a quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno federal.
Preocupa del juicio que las pruebas presentadas hasta ahora por la fiscalía son solamente testimonios de testigos “protegidos”. Sabemos, sin embargo, que estos declaran siempre lo que el fiscal quiere que digan y a cambio reciben beneficios judiciales o incluso dinero. Podríamos llamarlos, más que protegidos, beneficiados o comprados.
El primer testigo ha sido Sergio Villarreal, El Grande, quien fue miembro importante de la banda de los Beltrán Leyva. Este criminal confeso declaró que presenció entregas de dinero de Arturo Beltrán Leyva al entonces secretario de Seguridad y que lo secuestró en una ocasión porque no les estaba tomando la llamada. No hay comprobación, sin embargo, de que García Luna haya sido secuestrado, aunque sí sabemos que un grupo de sus escoltas fueron secuestrados y torturados.
Por otra parte, durante la gestión de García Luna como secretario de Seguridad fue abatido Beltrán Leyva y detenido Villarreal. Si García Luna estaba recibiendo dinero para proteger a estos criminales, hizo muy mal trabajo. Ante estos antecedentes, no sabemos si el testigo dice la verdad, declara lo que le pidió el fiscal que dijera o expresa lo que le conviene para vengarse del secretario que no le tomaba la llamada y que desmanteló a su banda.
Casos
No es esta la primera vez que hay acusaciones de que altos mandos mexicanos de seguridad se han coludido con el narco. El general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, nombrado en 1996 director del Instituto Nacional del Combate a las Drogas, fue detenido en 1997 por una presunta complicidad con el narcotraficante Amado Carrillo, El Señor de los Cielos. Falleció en 2013 mientras cumplía una pena carcelaria.
El proceso contra Gutiérrez Rebollo se llevó a cabo en México, aunque al parecer con información proporcionada por la DEA estadunidense. El caso, sin embargo, tenía pruebas fehacientes y no solo dudosos testimonios de testigos protegidos. El general en retiro Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue también detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de colusión con narcotraficantes. En esa ocasión las pruebas eran fundamentalmente testimonios de testigos protegidos. Por un acuerdo entre López Obrador y Donald Trump, Cienfuegos fue repatriado a México para ser juzgado en nuestro país, pero la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que, fuera de esos testimonios, no había pruebas de que hubiera sido cómplice del narco ni de que hubiera recibido pagos ilícitos.
En el caso de García Luna la moneda está en el aire. Hasta este momento no se han exhibido pruebas reales, fuera de los testimonios de los testigos beneficiados, pero todavía faltan varias semanas en el juicio. Habrá que estar atentos a las pruebas.