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01 noviembre 2021
Sergio Sarmiento
Columnas

HIDROS Y REFORMA

“Esto es peor que una expropiación”.

En un programa de televisión sobre la reforma eléctrica la secretaria de Energía, Rocío Nahle, argumentó que la reforma de 2013 dificultó la compra de energía de las hidroeléctricas a pesar de que estas se encuentran entre las generadoras más limpias del país. Es posible que tenga algo de razón. Una de las estrategias para promover la inversión en energías renovables fue entregar los llamados Certificados de Energías Limpias solo a nuevos proyectos, excluyendo a las llamadas generadoras “legadas”, que ya estaban en producción en el momento de la reforma. La medida sí promovió fuertes inversiones en renovables, pero discriminó a las hidroeléctricas.

Una regla más sensata, y congruente con el mercado, habría sido que el sistema eléctrico nacional comprara primero la electricidad más limpia y barata, sin descartar a las generadoras existentes. Al final todos nos beneficiaríamos de estas compras.

Modificar el orden de despacho, sin embargo, no obliga a enmendar la Constitución y mucho menos a definir la electricidad como una “actividad exclusiva de la nación”, como quiere hacer la reforma del gobierno. La nueva redacción de los artículos 25 y 27 prohibiría toda actividad privada en generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica. Incluso los paneles solares domésticos —que según la secretaria Nahle y el director general de la CFE, Manuel Bartlett, no estarían prohibidos— se volverían ilegales con este texto. En todo caso, los paneles en las casas tendrían que ser propiedad de la CFE.

El presidente López Obrador no quiere simplemente resolver los problemas del sistema. Su reforma es mucho más radical e ideológica. Busca colocar todo el sector eléctrico bajo el control del gobierno. No pretende siquiera regresar al esquema que teníamos antes de la reforma de 2013. Elimina, por ejemplo, los contratos de autoabastecimiento que se crearon en los noventa para promover inversiones privadas en generación en un momento de crisis energética.

Injusta

El gobierno insiste en que no se crea un monopolio. Es cierto que le da a la CFE el papel tanto de competidor como de regulador y despachador, convirtiéndola en juez y parte, pero reserva 46% del mercado para la iniciativa privada. Si consideramos que actualmente las empresas privadas generan más de 50% de la electricidad en el país, sin embargo, el límite significa que no se aceptarán más inversiones privadas en el sistema. Algunas plantas ya existentes, de hecho, tendrán que dejar de operar o se subutilizarán.

Un gobierno tiene derecho a cambiar las reglas de una industria y esto es lo que hace la Cuarta Transformación. Lo que no es correcto es cambiarlas de manera retroactiva. Si el gobierno dijera que ya no aceptará inversiones privadas en el futuro, podrá uno cuestionar la sensatez de la medida, pero no declararla injusta. El problema es que en este caso se modifica la Constitución para dañar inversiones ya realizadas. Lo peor es que el gobierno ni siquiera plantea una expropiación, la cual requiere de una indemnización por ley. Simplemente hace que las inversiones multimillonarias en energía dejen de ser rentables. No habrá ninguna indemnización, como ha dicho el propio director general de la CFE.

Esto es peor que una expropiación. Es un robo, cosa que no permiten los acuerdos internacionales firmados por México.