Una buena noticia es que la economía mexicana empieza a despertar. Después de los cierres forzados de 2020 comenzamos a ver un rebote que podría llevar a un crecimiento económico de hasta 6% en este 2021. Standard & Poor’s ratificó la calificación de BBB para la deuda soberana de México, lo cual la mantiene en grado de inversión.
La razón fundamental de esta buena calificación es la “gestión macroeconómica cautelosa” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, el gobierno federal ha sido sumamente conservador en el manejo del gasto público en un momento en que el exceso de gasto durante la pandemia afecta negativamente a otras economías latinoamericanas, como la de Colombia o la de Argentina.
México, apunta S&P, mantiene su deuda pública en 48% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra bastante manejable. Los planes son mantenerla ahí o incluso reducirla.
La Secretaría de Hacienda calcula que el déficit de presupuesto alcanzará 2.9% del PIB en 2021, pero planea reducirlo a 2.4% en 2022.
El problema es cómo lograrlo. El gobierno ya tomó los recursos de decenas de fondos y fideicomisos y los aplicó al gasto público. Los programas sociales, desde los apoyos a adultos mayores hasta Sembrando vida, siguen creciendo porque resultaron el arma más eficaz para ganar votos en las elecciones de junio. También son muy costosos los grandes proyectos del presidente, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía.
Diferencia
Raquel Buenrostro, jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), soltó una propuesta que podría salir más cara que la enfermedad: con el argumento de que las empresas, y en particular los grandes contribuyentes, no pagan suficientes impuestos anunció un plan para cobrarles 200 mil millones de pesos más en 2022 y mucho más en los años subsecuentes. Buenrostro denuncia que los grandes corporativos pagaron en 2020 solo 1.3% de sus ingresos en Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras que las personas físicas cubrieron 25.4% y a los asalariados se les retuvo 11.4% en promedio.
Estas afirmaciones, sin embargo, revelan un profundo desconocimiento contable. Las empresas en México pagan 30% de ISR sobre sus utilidades, pero estas se definen como los ingresos acumulables menos los gastos debidamente realizados conforme a la ley. Esta confusión entre ingresos y utilidades es muy importante. Si el SAT llegara a impedir a las empresas que dedujeran sus gastos, desde sueldos hasta insumos pasando por costos financieros, todas quebrarían de inmediato.
Mucho se puede hacer para aumentar la recaudación fiscal sin destruir a las empresas, la gallina de los huevos de oro de la economía nacional. La informalidad, que emplea a 60% de los trabajadores, no paga impuestos. Los trámites para que las empresas se den de alta son engorrosos y llevan a la corrupción. Las personas no pueden realizar una declaración de impuestos sin apoyo de un contador, pero no todas pueden pagarlo.
Lo que sería realmente desastroso es que, en el ánimo de aumentar la recaudación, a pesar de que el presidente prometió no subir impuestos, se establecieran reglas que quebraran a todas o a la mayoría de las empresas. Y todo porque los funcionarios encargados del tema no entienden la diferencia fundamental entre ingresos y utilidades.