Los procesos electorales en México se judicializan cada vez más. Son los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera o los integrantes de la Fiscalía General de la República los que toman las decisiones fundamentales, no los ciudadanos.
Se quejan los participantes del proceso de que sus rivales cometen faltas y ellos son inocentes. La verdad, sin embargo, es que las leyes electorales son tan restrictivas que al final es muy difícil cumplirlas cabalmente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ha lanzado acusaciones en contra de Adrián de la Garza, el candidato de PRI y PRD al gobierno de Nuevo León, por supuestamente comprar votos al ofrecer unas tarjetas rosas. Estas, sin embargo, no son más que una forma de dejar constancia física de su promesa de dar a las mujeres un subsidio en caso de ganar la elección.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fepade, que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti, cercano colaborador de López Obrador durante años, reaccionó a las exigencias de su jefe e inició una investigación contra el candidato priista.
Sin embargo, De la Garza no es el único aspirante en ofrecer tarjetas como promesas de campaña. La propia Clara Luz Flores, candidata de Morena en la entidad, propone una “tarjeta Nuevo León” con la que daría apoyos económicos a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Carlos Lomelí, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, ofrece también sus propias tarjetas a las mujeres tapatías.
De fincarse responsabilidades contra De la Garza el candidato no solo sería sancionado sino encarcelado, antes incluso de que se le procese y se le declare culpable. Y como la Fiscalía General de la República investiga también a Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, al final los fiscales tomarían la decisión electoral que debería corresponder a los ciudadanos.
Diferencias
La diferencia en la aplicación de la ley entre De la Garza y Clara Luz no debe sorprender. No solo se está judicializando el proceso electoral sino que las decisiones distan de ser coherentes. Por ejemplo, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, los dos candidatos de Morena, fueron sancionados por el INE y el Tribunal Electoral por no presentar a tiempo sus informes de gasto de precampaña. El castigo fue despojarlos de sus candidaturas.
En cambio, Mónica Rangel, candidata de Morena en San Luis Potosí, cometió la misma falta, según el INE, pero ella sí pudo mantener su candidatura.
La verdad es que hemos creado un monstruo. Las leyes electorales mexicanas son extraordinariamente complejas y a menudo contradictorias. Se han enmendado cada vez que termina una elección, siempre con la intención de cambiar los resultados de forma artificial. El resultado es la confusión que hoy prevalece y la judicialización de los procesos.
Quizá deberíamos hacer una nueva reforma electoral, pero en esta ocasión no para complicar más la legislación ni para volverla más restrictiva. Todo lo contrario. Necesitamos un sistema electoral sencillo, que no viole el derecho a votar o a ser votado, que permita que seamos los ciudadanos en las urnas y no los abogados en los tribunales los que elijamos a los gobernantes y a los legisladores.