Los linchamientos siempre han tenido un lado popular. Permiten dar rienda suelta a las emociones y frustraciones de la muchedumbre, generan una fuerza liberadora y estimulante. Pero no son justicia.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planea convocar a una consulta popular para decidir si enjuicia o no a sus predecesores, al mismo tiempo que dice que no quiere perseguirlos. El pueblo bueno decidirá a través de la consulta.
Ahora no propone organizar una de esas consultas “patito” como la que se llevó a cabo para cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, a un costo de cuando menos 120 mil millones de pesos para la nación, o la que usó para detener la planta cervecera de Mexicali, en la que ya los dueños habían invertido mil 400 millones de dólares. El presidente quiere una consulta “constitucional”, como las que fija el artículo 35 de la Carta Magna. El problema es que desde antes ya sabemos que esa consulta constitucional será… inconstitucional.
El artículo 35 de la Constitución señala que “la restricción de los derechos humanos” no podrá ser objeto de consulta popular. En un régimen de Derecho cualquier persona que haya cometido un delito debe ser sometida a juicio; pero si no los ha cometido no puede ser juzgado simplemente porque una multitud lo demanda. Esto es un linchamiento.
La Fiscalía General de la República tiene obligación de investigar los presuntos delitos señalados en la denuncia de hechos presentada por el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Esto la obliga a citar a declarar a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, así como a otros exfuncionarios, como el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, para que señalen sus posiciones frente a las imputaciones. Si la FGR determina que hay razones para definir la probable comisión de un delito tiene obligación legal de presentar cargos contra los presuntos responsables. No es cuestión de que lo diga o no una consulta. Si el fiscal general no lo hace sería omiso en el cumplimiento de su labor y podría sufrir consecuencias legales en su persona. Si, por el contrario, no hay indicios que permitan presentar cargos contra los exfuncionarios y los presenta porque lo solicita una consulta estaría violando las garantías individuales de los acusados y estaría cometiendo un delito.
Política
Una de las razones por las que tenemos una Fiscalía General autónoma, con el respaldo de todos los partidos políticos (ya que el proceso empezó en el sexenio de Peña Nieto, pero concluyó en diciembre de 2018, con López Obrador como presidente, quien publicó la iniciativa final), es precisamente para que la justicia no se politice. Esto lo sabe el propio presidente. Una consulta constitucional debe ser aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual simplemente no ocurrirá porque la justicia no puede ser objeto de votaciones. Pero ya sabemos que el mandatario descalificará a los ministros, dirá que son conservadores y neoliberales, y quizás haga entonces una de sus encuestas inconstitucionales.
Las consultas se han convertido en un simple instrumento político del presidente. Es un vehículo más para adquirir popularidad. Al parecer funciona porque su popularidad sigue estando en niveles muy altos a pesar de los estragos de la pandemia y de la crisis económica. Pero eso es política y no justicia. Y, a pesar de lo que algunos creen, las dos deben permanecer claramente separadas.