Ningún político mexicano tiene la capacidad de tomar las calles con tanta fuerza como Andrés Manuel López Obrador. Esto lo demostró en múltiples ocasiones cuando era dirigente de oposición. Ahora que es presidente su capacidad para organizar manifestaciones se ha multiplicado y para este 27 de noviembre llamó a lo que podría ser la madre de todas las marchas.
Yo no pienso que las marchas demuestren necesariamente fuerza política. No todos los ciudadanos que votan pueden o gustan de acudir a manifestaciones. Por eso con frecuencia quienes las organizan se encuentran con que sus resultados electorales no son tan buenos como quisieran.
Pero las manifestaciones han sido históricamente un instrumento de presión política. Benito Mussolini lanzó su histórica marcha sobre Roma hace un siglo, entre el 27 y el 29 de octubre de 1922. Nadie sabe exactamente cuántos “camisas negras” —la fuerza paramilitar de los fascistas— participaron en esa movilización, pero no fueron más que unas cuantas decenas de miles, pocos frente a una población de millones en Italia. Sin embargo, infundieron temor en los ciudadanos, el gobierno y, sobre todo, el rey Víctor Manuel III. Luigi Facta, el primer ministro liberal, renunció y el monarca le pidió a Mussolini que formara gobierno. Así empezó el régimen fascista que terminó por llevar a Italia a la Segunda Guerra Mundial del brazo de los nacionalsocialistas alemanes de Adolf Hitler, que también usaron las marchas para llegar al poder.
Las marchas no son realmente una expresión democrática, aunque las protestas contra un régimen sí pueden serlo. En este caso, sin embargo, la manifestación del 27 de noviembre la organiza el gobierno, con todos los recursos del Estado, para impulsar una reforma electoral que beneficiará al partido en el poder. Por eso será tan grande.
Dados
La propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador tiene aspectos positivos y negativos, pero no hay duda de que su propósito final es garantizar triunfos de Morena, no solo en 2024 sino en elecciones posteriores. Muchas de sus medidas son populares, como la disminución del número de diputados y senadores y la reducción de los enormes subsidios que pagamos a los partidos políticos. Pero la iniciativa presentada formalmente al Congreso por el Ejecutivo, que tiene 934 páginas, es extraordinariamente compleja. Y no deja de llamar la atención que mientras que el presidente promueve la idea de que decreta la abolición de los legisladores plurinominales, la iniciativa hace exactamente lo contrario: convierte a todos los diputados y senadores en plurinominales.
No son las marchas el escenario adecuado para dialogar o para reflexionar sobre temas complejos, como una reforma electoral. Estas movilizaciones son hoy, como lo han sido en el pasado, simples formas de presión política. Lo fue la manifestación de 13 de noviembre, en que los críticos del régimen expresaron su rechazo a la reforma electoral, pero lo es también esta que el gobierno organiza para el domingo 27.
Si bien hay puntos con los que coincido en la propuesta, estoy convencido de que el final de un sexenio, a un año y siete meses de una elección presidencial, no es el momento ideal para hacer una reforma que cambie de fondo el sistema electoral. El gobierno está cargando los dados para favorecer a su partido. Es una reforma que puede debilitar la democracia y darnos otra vez un régimen de partido único, como en los tiempos del viejo PRI.