Para los políticos los precios son factores económicos que generan protestas y que deben, por lo tanto, ser manipulados por el gobierno. Para los participantes en una economía libre son señales de ajuste en los procesos de producción o de distribución. Cuando los precios están altos llegó el momento de invertir para obtener mejores rendimientos; cuando están bajos hay que buscar otros mercados para colocar el capital ocioso.
El gran problema de la respuesta política a los aumentos o a las bajas de los precios es que eliminan las reacciones naturales del mercado y, por lo tanto, generan peores problemas en el futuro. Cuando los precios están bajos y los gobiernos establecen precios mínimos o de garantía, como ha hecho México con los productos agrícolas, se promueve inversión innecesaria en producción y se provocan saturaciones de mercado que se traducen en precios todavía más bajos. Cuando las autoridades reaccionan a los precios altos estableciendo controles desmotivan la producción, reducen la oferta y generan precios más altos.
Una de las formas más ineficientes de actuar ante los precios altos es la creación de grandes empresas gubernamentales para la producción o la distribución. Esto lo vimos en el México de los sesenta y setenta, durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. En 1965, por ejemplo, se creó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la Conasupo, la cual tenía el objetivo de llevar productos más baratos a los consumidores de escasos recursos.
Las empresas estatales se convierten usualmente en monstruos burocráticos que tienen un costo enorme para el erario, sin lograr nunca el propósito de bajar los precios al consumidor. La experiencia negativa se repite en todos los países que la intentan.
Mensaje
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este 7 de julio dos medidas para combatir los altos precios del gas LP, el combustible que más se utiliza en los hogares mexicanos para cocinar y calentar el agua. Una es la creación de una empresa gubernamental de distribución, Gas Bienestar; la otra fijar precios máximos al producto.
Crear una empresa gubernamental para distribuir gas no es una idea nueva. En Venezuela, Gas Comunal, una filial de PDVSA, tiene desde 2008 la función de distribuir gas para reemplazar a los distribuidores privados. Pero sus resultados son negativos. Lo mismo pasará, sin duda, con Gas Bienestar.
Los controles de precios no hacen más que deprimir la inversión. Tienden así a elevar los precios. Si la autoridad fija los precios a niveles inferiores a los de un mercado real el resultado es todavía peor, porque se genera escasez del producto.
En México y en todo el mundo suben los precios del gas LP, pero lo mismo ocurre con todos los productos de los hidrocarburos y muchas materias primas.
Crear una nueva empresa gubernamental en México no afectará el mercado internacional ni reducirá los precios nacionales sino que seguramente los elevará más. Establecer controles de precios o precios máximos sería peor todavía, porque eliminará los incentivos para la inversión.
El presidente debería entender el mensaje de los precios y eliminar muchos de los innecesarios requisitos regulatorios que reducen la competencia en el mercado del gas. Esto generaría mayores inversiones en producción y distribución, y bajaría los precios de manera natural y permanente.