Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, ha provocado un verdadero terremoto en el mundo político de nuestro país. Pero es un terremoto que puede tener consecuencias positivas al final. Las dos causas por las que se le procesa, la compra de la empresa Agro Nitrogenados por Pemex y los presuntos sobornos de la brasileña Odebrecht, pueden parecer menores, pero van al fondo de uno de nuestros problemas más serios: la corrupción.
Los juicios tienen vertientes interesantes. Lozoya se ha declarado inocente en ambos, pero ha decidido no pelear contra las acusaciones de la Fiscalía General de la República porque busca el “criterio de oportunidad” que le permitiría convertirse en “testigo colaborador”. En otras palabras, es muy posible que el castigo que se le aplique sea tan ligero, a cambio de ofrecer testimonio que incrimine a otros personajes, que no valga la pena defenderse. A algunos les parecerá injusto, pero son las reglas de los testigos protegidos o colaboradores que importamos de Estados Unidos.
Lo que espera aparentemente el gobierno, y ciertamente un sector de los medios y de la clase política, es que los testimonios de Lozoya involucren al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al expresidente Enrique Peña Nieto. Nunca en la historia ha sido juzgado en nuestro país un exmandatario. Esto satisfaría una sed de venganza, pero también fortalecería la idea de algunos seguidores del presidente López Obrador, y quizá del mismo mandatario, de que justificaría una contrarreforma energética para restablecer los monopolios gubernamentales en petróleo y electricidad.
Lozoya busca presentarse como un simple mandadero de “un aparato de poder” en el que participaban las más altas autoridades del Estado mexicano. Ha expresado, de hecho, que fue manipulado y presionado y que tiene temor por las consecuencias que le puedan traer sus declaraciones.
Impunidad
Lo más probable es que si Lozoya recibió dinero cuando estaba en la campaña de Enrique Peña Nieto fue por autorización de quienes eran sus jefes, el candidato y el coordinador de campaña, Videgaray. Ya en el gobierno, él solo no habría podido aprobar la compra de una empresa como Agro Nitrogenados, que llevaba 14 años parada, a un costo muy superior al contable, especialmente porque el régimen no tenía la filosofía de ampliar las empresas productivas del Estado sino en todo caso de disminuirlas. El involucramiento de Videgaray y de Peña Nieto parece muy probable.
No deja de ser paradójico, sin embargo, que por un lado el exfuncionario diga que no cometió ilícito y por el otro diga que sus actos ilegales fueron consecuencia de instrucciones recibidas de sus superiores.
El sistema de testigos colaboradores, o comprados, está hecho para inducir testimonios falsos. El acusado se ve obligado a declarar lo que quiere la autoridad. Eso no significa, sin embargo, que el sistema no tenga virtudes. Puede ayudar a descubrir delitos que permanecían ocultos y revela la responsabilidad de los poderosos, pero siempre es necesario tener pruebas que corroboren los testimonios comprados por la autoridad.
Por lo pronto lo importante sería que estos juicios ayuden a terminar con la impunidad. La corrupción ha sido una de las grandes enfermedades de nuestro país. Los juicios a Lozoya podrían permitir que en esta ocasión se llegara a castigos ejemplares que impidan que los actos de corrupción se sigan multiplicando.