Si Emilio Lozoya no hubiera ido al restaurante Hunan de Las Lomas el 9 de octubre, donde fue exhibido por la periodista Lourdes Mendoza, estaría todavía en libertad. Eso nos dice mucho acerca del sistema de justicia de nuestro país.
Lozoya no violó ninguna ley al salir a cenar con amigos, pero sí proyectó la imagen de que el más importante testigo colaborador de la FGR gozaba de una vida de lujos en un momento en que el gobierno se ha comprometido a una lucha frontal contra la corrupción.
Cabe recordar que Lozoya es un corrupto confeso. Él mismo reconoció que recibió diez millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht y se quedó con cuando menos una porción. Afirma que, por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, repartió efectivo a algunos políticos, supuestamente para lograr la aprobación de la reforma energética de 2013-2014.
Un exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, está en la cárcel bajo proceso por presuntamente haber recibido algunos de estos recursos, cosa que Lavalle niega.
Lozoya también dice que sobornó a Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del PAN, para votar como diputado a favor de la reforma energética. Anaya, sin embargo, ha demostrado que ya no era legislador cuando Lozoya dice que le mandó el dinero, que ni él ni el integrante del Estado Mayor Presidencial que presuntamente se lo entregó en el Palacio Legislativo entraron en esa fecha al recinto y que él siempre apoyó la reforma eléctrica, por lo que no necesitaba ningún soborno para respaldarla.
Desde Boston, donde es profesor en el Massachusetts Institute of Technology, Videgaray niega haber dado cualquier instrucción a Lozoya para recibir o repartir dinero de Odebrecht.
Criterios
Es muy claro que el gobierno perdió la paciencia con Lozoya. Este había prometido entregar pruebas que inculparan a sus superiores, Peña Nieto y Videgaray, por haber recibido sobornos de Odebrecht o por haberle dado instrucciones para hacer pagos a políticos como Anaya, que hoy le son incómodos al gobierno. Hasta este momento, sin embargo, lo único que aportó Lozoya son declaraciones no verificables y un video de una entrega de dinero a exfuncionarios del Senado que no puede utilizarse en un juicio porque se grabó ilegalmente.
Lozoya pudo haber seguido enfrentando su proceso en libertad, pero cometió un error político. En el juego de millones que manejó, dijo que Videgaray le había dado instrucciones para comprarle una bolsa Chanel a la periodista Lourdes Mendoza y también para pagar las colegiaturas de su hija. Una enfurecida Mendoza lo demandó por difamación, pero los abogados de Lozoya se negaron a presentarlo en una audiencia diciendo que estaba bajo arraigo domiciliario. Fue ella quien se enteró de que Lozoya estaba en un restaurante de Las Lomas, en supuesta violación a ese arraigo, y llegó ahí para tomar las fotografías que al final le costaron la libertad al exdirector de Pemex.
Lozoya está en la cárcel por esas fotografías, pero la verdad es que, políticamente, el gobierno ya no se podía dar el lujo de mantenerlo libre. Se había convertido en un símbolo de impunidad. Lo que preocupa, sin embargo, es que los criterios que definen quién puede enfrentar un proceso en libertad y quién no sean de carácter político. La justicia debería ser ciega ante este tipo de consideraciones, pero vivimos en un país en que el trato a los procesados no lo definen ni el derecho ni la justicia.