Quedó un mal sabor de boca en el Senado luego de la sesión del pleno del 21 de septiembre en que se debatió, pero no se votó, la enmienda del artículo quinto transitorio del decreto del 26 de marzo de 2019 que establecía que el presidente podría utilizar a la “Fuerza Armada permanente para tareas de seguridad pública” durante cinco años.
Una iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre, del PRI, pero negociada con Morena, buscaba ampliar el plazo cuatro años más, hasta 2028. La mayoría oficialista en el pleno decidió enviar de nuevo el dictamen a comisiones.
Se ha querido presentar esta iniciativa como un nuevo paso en la militarización de la Guardia Nacional (GN). No estoy tan seguro. Las verdaderas medidas de militarización fueron las modificaciones a cuatro leyes secundarias aprobadas por mayoría simple de Morena y sus aliados en las dos cámaras del Congreso, que dieron el mando y control de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esto sí en abierta violación al artículo 21 de la Constitución.
De hecho, muchos analistas ven la iniciativa para cambiar el quinto transitorio como una simple medida de emergencia ante la conciencia de que tarde o temprano la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) probablemente declarará la inconstitucionalidad de esas leyes secundarias.
La ampliación del plazo en que las Fuerzas Armadas pueden hacer labores de policía es, realmente, una minucia, especialmente si se considera la violación constitucional y la militarización permanente que establecen las nuevas leyes secundarias.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha tratado de lograr negociaciones políticas en el Senado que la mayoría morenista en la Cámara de Diputados ha simplemente descartado. En el debate de este miércoles, de hecho, Monreal presentó la propuesta de retirar el dictamen y mandarlo nuevamente a comisiones con el argumento de que era una concesión a los legisladores de oposición, quienes habían pedido al inicio que se suspendiera la sesión para tener más tiempo de discutirlo en comisiones. Ya cuando Morena pidió la suspensión, sin embargo, quedaba claro que los partidos del gobierno no tenían los votos para aprobar la iniciativa. La oposición decidió retirar todas sus objeciones y pidió que se procediera de inmediato a la votación. Pero Morena y sus aliados determinaron en votación a mano alzada devolver el dictamen a comisiones para no sufrir una derrota en el pleno.
Formas
Los senadores de oposición, quienes habían reconocido el ánimo de diálogo de Monreal, se sintieron molestos en esta ocasión. En parte fue la manera en que la iniciativa se manejó en comisiones y también que Morena haya reclutado al senador panista Raúl Paz ofreciéndole el cargo de enlace con el sector empresarial y abriéndole la posibilidad de ser el candidato de Morena al gobierno de Yucatán en 2024. La forma en que se suspendió el debate para regresar el dictamen a comisiones fue igualmente motivo de irritación.
Para los senadores de oposición es falso que el dictamen se haya retirado para negociar. En el debate sostuvieron que el propósito es incrementar las presiones e incluso extorsiones para “convencer” a más senadores de oposición a votar a favor de la iniciativa. Por lo pronto esta idea de que el líder de Morena en el Senado, Monreal, buscaba dialogar en vez de avasallar, ha caído por tierra. Y eso vuelve más difícil su trabajo futuro de negociación.
El tema regresará al pleno, de eso no hay duda.