Falta mucho camino por andar. Sin embargo la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte (SCJN) de cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de la marihuana es un paso importante para acabar con una situación que afecta de forma muy negativa a nuestro país.
La justicia no se ha movido con rapidez. El primer amparo del máximo tribunal contra una decisión de la Cofepris de no otorgar un permiso para consumo de marihuana fue en 2015. Seis años después se reunieron los cinco amparos necesarios para sentar jurisprudencia y la SCJN hizo además la declaratoria de inconstitucionalidad de esos artículos.
Esto significa que el consumo de la marihuana queda despenalizado, pero no que esté plenamente legalizado. Siguen prohibidos el cultivo, el transporte y la comercialización. El usuario puede cultivar cannabis para su consumo, pero no para vender o regalar. Para consumir la marihuana que él mismo produce, además, necesita un permiso de la Cofepris.
Conociendo el desprecio de los mexicanos por la burocracia, especialmente en el sector en el que se consume marihuana, es muy posible que la mayoría de nuestros compatriotas prefiera seguir comprando el producto y consumiéndolo sin preocuparse de sacar un permiso de la Cofepris.
Pero no quedan ahí los problemas. Aun si alguna persona quisiera cumplir con toda la letra de la ley y cultivar plantas para su consumo tendría que comprar semillas, pero resulta que la adquisición sería ilegal. Incluso el consumidor más escrupuloso tendría que violar la legislación para iniciar su cultivo casero. Este sistema padece de un pecado original: no hay manera de cumplir la ley sin antes violarla.
Derechos
Aun así la declaratoria del 28 de junio de la SCJN es importante. Confirma que la prohibición absoluta del consumo de marihuana es inconstitucional. Si bien el Congreso no ha cumplido con su deber y no ha enmendado la Ley General de Salud, ni tampoco el Código Penal Federal, que también habría que modificar, cualquier persona detenida por consumo, aunque no por cultivo, transporte o comercio, quedaría en libertad con un amparo.
Esta decisión no gustó a los conservadores. El presidente López Obrador, por ejemplo, señaló que consultará el tema con el pueblo y que esperará a ver si la decisión tiene consecuencias buenas o malas. Si los resultados no son positivos, a su juicio, impulsará una nueva ley para anular la decisión de los ministros de la Suprema Corte. El problema es que ninguna consulta pública ni ninguna ley podría descartar el fallo. Los ministros determinaron que hay un derecho “al libre desarrollo de la personalidad”, en palabras del ministro presidente Arturo Zaldívar, tan respetado por el presidente López Obrador. Y los derechos no pueden ser objeto de consulta pública, ni derogados por una ley.
Lo que sí podría hacer el gobierno es obstaculizar el cumplimiento de este derecho. Debido a la forma en que se llegó a la decisión en la SCJN, a través de amparos contra decisiones de la Cofepris, será necesario obtener un permiso individual de esta institución gubernamental para cumplir el derecho. Con los amparos que se han venido registrando la Cofepris redujo el tiempo para conceder estos permisos a solamente dos semanas. Pero sabemos que las burocracias pueden impedir fácilmente el ejercicio de los derechos simplemente dificultando los trámites si recibe instrucciones desde arriba.