Los controles de precios son un verdadero veneno para la inversión productiva y para la economía. Se aplican con la idea de doblegar la inflación, pero terminan generando escasez, mercados negros y, finalmente, mayores precios.
En varias ocasiones el presidente López Obrador ha expresado su oposición a los controles de precios; parece entender los problemas que generan. El pasado 28 de abril, cuando preparaba ya un paquete de medidas para combatir la inflación, declaró: “No vamos, lo adelanto, a poner precios a los productos. No va a haber ese control de precios. Vamos a llegar a un acuerdo, ya está muy avanzado, con los productores, con los comerciantes, y de esta manera vamos a garantizar una canasta básica de alimentos con precios justos: que no padezca la gente y que puedan tener lo básico”.
Pero ahora está cayendo en la tentación. Si bien el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) no es propiamente un control de precios, sí hubo negociación con algunas empresas a las que se pidió que mantuvieran estables los precios de ciertos productos. En un afán de quedar bien con el gobierno, y quizá de evitar controles generalizados, las empresas accedieron, pero las consecuencias no han sido buenas. La inflación no se ha detenido, porque el PACIC no toca las causas fundamentales, como el crecimiento del dinero en circulación o los aumentos de los precios internacionales de los combustibles. Al llegar a acuerdos con las mayores empresas para congelar precios, por otra parte, se genera una competencia desleal con los pequeños negocios que no pueden usar otros productos para subsidiar los incluidos en el paquete.
Píldora
El gobierno, sin embargo, ya empieza a imponer algunos controles abiertos de precios, que en principio parecen intrascendentes pero pueden ser el inicio de un contagio generalizado. Este pasado 10 de agosto el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganís, expidió una “directriz de emergencia” para que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario fije precios máximos al servicio de carga y establezca criterios para regular las tarifas de interconexión.
Como siempre que se establecen controles, la autoridad dice que lo hace “con la finalidad de velar por el bienestar de las familias mexicanas ante el impacto sufrido por los altos costos de las tarifas del transporte ferroviario de productos de canasta básica, bienes y mercancías que es trasladado a los precios que pagan por estos, lo cual ha fomentado el desarrollo de una actividad del sector ferroviario alejado de un ambiente propicio”.
No sé qué sea un “ambiente propicio” en una actividad económica, pero los ferrocarriles participan en un mercado que compite con el autotransporte de carga. Reducir su rentabilidad solo logrará que se restrinjan las inversiones y se reduzca la calidad del servicio. De momento, el control se aplica solo por seis meses, pero ya con anterioridad el gobierno congeló los precios del gas LP por seis meses, solo para prorrogar después los controles por tiempo indefinido.
El control tendrá un impacto negativo en el sector ferroviario, sin ayudar a bajar los precios de la canasta básica. Los ferrocarriles son más eficientes en el transporte de mercancía de gran peso y dimensiones, mientras que los productos de la canasta básica se transportan fundamentalmente en cantidades pequeñas y en autotransporte. El gobierno está así obligando a la industria ferroviaria a tomarse una píldora de veneno… para un malestar que no se cura con ese tratamiento.