Las causas son inobjetables. ¿Quién puede estar en contra de combatir la violencia contra las mujeres? Quizás el tema del aborto sea más controvertido y entiendo que haya que escuchar distintos puntos de vista, pero estoy convencido de que nada justifica que el Estado castigue penalmente a una mujer que se ve obligada a abortar o a los médicos o enfermeros que la ayudan.
A estas alturas nadie cuestiona el derecho a la libre manifestación o a la protesta contra el gobierno. Sin embargo la violencia que hemos presenciado en manifestaciones en los últimos tiempos debe obligarnos a reflexionar.
Un viejo principio liberal establece que “los derechos humanos están limitados por los derechos de los demás”. Este principio encontró cabida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene por lo tanto fuerza de ley en nuestro país.
Ciertos grupos políticos, sin embargo, consideran que en el ejercicio de sus derechos deben tener la libertad de violar los derechos de terceros. Consideran que una buena protesta debe incluir vandalismo, destrucción de vidrieras, saqueo de comercios, pintarrajeo de monumentos históricos, incendio de edificios, lanzamientos de piedras, bombas incendiarias o cohetones y agresiones a policías. Si un gobierno usa la fuerza pública para impedir estas acciones, afirman que son motivo de represión.
Durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 la sociedad presenció un asalto organizado por grupos violentos al Palacio Legislativo. Los manifestantes usaron un camión de basura como ariete contra los policías que resguardaban el edificio. Posteriormente los grupos anarquistas han aterrorizado a los comercios del Paseo de la Reforma y del Centro Histórico en innumerables ocasiones.
Las agrupaciones feministas pintarrajean y vandalizan monumentos históricos y comercios con el argumento de que la sociedad no se debe preocupar por un monumento sino por las mujeres. Este 28 de septiembre una manifestación en favor de la legalización del aborto fue “encapsulada” por fuerzas de seguridad de la Ciudad de México y un grupo de manifestantes golpeó a mujeres policías, 43 de las cuales quedaron lesionadas, junto con 13 civiles.
Inaceptable
Los gobiernos pueden tomar muchas decisiones equivocadas. La administración capitalina de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, permite el ingreso al Zócalo de algunos grupos y de otros no, sin que haya una lógica clara en las decisiones. Esto es un error: los derechos son de todos. Ningún grupo tiene derecho, sin embargo, a destruir propiedades o agredir a terceros. No hay nada más absurdo que ver a feministas golpeando a mujeres policías para protestar por la violencia contra las mujeres.
En estos tiempos convulsionados los gobiernos deben entender las reglas de una sociedad libre. El derecho a protestar no puede ser conculcado pero la autoridad tiene obligación de proteger los derechos de terceros. Protestar es legítimo, vandalizar o destruir propiedades o monumentos no. Golpear a seres humanos es inaceptable en cualquier sociedad que se precie de respetar los derechos individuales. Y los policías son tan seres humanos como los manifestantes.
Para que todos los derechos se preserven es importante que la autoridad entienda cuál es su función en una protesta. No es la de decidir qué grupos pueden o no entrar a una plaza sino proteger los derechos de terceros que puedan ser violados por manifestantes.