Y tú, me preguntan, ¿cuál es tu posición? Son personas que recuerdan que me opuse a las reformas electorales de 2007 y de 2014. En 2007 fui incluso al Senado a debatir con Pablo Gómez, entonces senador por el PRD, y otros legisladores de varios partidos para rechazar los cambios a la ley electoral. Si yo pensaba que la ley estaba mal, me preguntan, ¿por qué no apoyo ahora la propuesta del presidente López Obrador para reformar esas leyes?
Muy sencillo: porque la nueva legislación no solo no resuelve los problemas que criticaba, sino que crea nuevos. Lo que más me preocupa es que está hecha para regresar al sistema de partido hegemónico que tanto daño le hizo a nuestro país entre 1929 y 1997.
En 2007 critiqué la censura a la libertad de expresión de la reforma electoral y la injusta expropiación sin indemnización de tiempos de radio y televisión. Me uní a un juicio de amparo, la única vez que lo he hecho en mi vida, para tratar de revertir la prohibición a los ciudadanos privados de contratar tiempos de radio y televisión para expresar posiciones políticas. Ni la iniciativa de reforma constitucional de López Obrador, ni el Plan B que enmienda leyes secundarias, violando la Constitución, eliminan estos actos de censura y de apropiación indebida de los tiempos de radio y televisión, que le hacen un enorme daño a una industria que de por sí enfrenta retos enormes por el cambio de tecnologías.
Siete años después, en 2014, me opuse a la centralización de los procesos electorales —que despojaba a los estados de su derecho soberano a organizar elecciones— y a la creación de un sistema burocrático excesivamente complejo para organizar comicios en el país. Las reformas de AMLO, sin embargo, no resuelven los problemas; simplemente recortan la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y ponen en peligro la posibilidad de tener elecciones bien realizadas.
Propósitos
Nos dicen que las reformas de AMLO están hechas para ahorrar dinero, tres mil 500 millones de pesos según el presidente, más de cinco mil millones según el secretario de gobernación, Adán Augusto López. Pero ¿por qué los cálculos son tan divergentes? Porque no tienen ningún sustento. En las prisas por aprobar las reformas nadie ha hecho un estudio sobre las consecuencias financieras de las iniciativas. Tampoco sobre las dificultades que generará el recorte de personal permanente del INE sin que se modifiquen las tareas que la Constitución le señala. El presidente simplemente quiere castigar al INE, sin preocuparse de lo que resulte.
Ni la reforma constitucional rechazada en la Cámara de Diputados ni la secundaria que está en proceso de ser aprobada mientras escribo, son una solución a los males de nuestra legislación electoral. Y no sorprende. Uno de los principales redactores de la reforma de 2007 fue Pablo Gómez y ha sido también uno de los principales arquitectos de las reformas de AMLO, robándole tiempo para ello a sus responsabilidades como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Si el propósito de la reforma fuera realmente ahorrar dinero la iniciativa habría eliminado las prerrogativas de los partidos políticos: más de seis mil millones de pesos al año. Pero no, el verdadero propósito es favorecer al partido de gobierno y convertirlo en hegemónico. Y yo no estoy de acuerdo.
Los monopolios son siempre dañinos. Hay mucho que corregir en el sistema electoral de nuestro país, pero acabar con la competencia no es un paso hacia adelante.