La cuarta oleada de Covid-19 está con nosotros. Debido a la nueva variante, Ómicron, y las reuniones de Navidad y fin de año, la tasa de contagios aumenta con rapidez. Hasta el momento, sin embargo, las hospitalizaciones y muertes son menores que en oleadas anteriores. Eso es positivo, aunque no hay que bajar la guardia. La pandemia sigue siendo una realidad.
Si bien oficialmente el número de muertes por la enfermedad en nuestro país llega a 300 mil, se registraron hasta el 13 de diciembre 646 mil muertes excedentes a las que habríamos podido esperar. Es un saldo dramático, uno de los mayores del mundo.
A pesar de eso aplaudo la decisión de las autoridades federales y capitalinas de no decretar un nuevo confinamiento. Otros países reaccionan ante esta cuarta oleada con nuevos cierres, confinamientos y prohibiciones. Estas restricciones tienen costos económicos y sociales muy elevados, pero no ayudan realmente a detener los contagios. No olvidemos que durante la mal llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual duró dos meses en 2020, se produjo el más rápido crecimiento de la pandemia.
Un gobierno debe ser muy cuidadoso antes de restringir las libertades individuales. Lo que para un burócrata es una actividad no esencial, es absolutamente necesaria para quien la realiza para ganarse el sustento. Restringir las actividades productivas y la movilidad es una violación a los derechos humanos. Todos tenemos derecho a trabajar.
En algunos países los confinamientos han tenido mejores resultados que en el nuestro. En China las drásticas restricciones en Wuhan y otras ciudades cuando surgió el primer brote de Covid-19 detuvieron la enfermedad, por lo menos algún tiempo. Pero el cierre fue draconiano; los policías golpeaban a quienes salían de sus hogares por cualquier razón. En Nueva Zelanda no se violaron los derechos, pero las reglas eran justas y equitativas. En México, no. Si bien se cerraron las actividades de construcción, por ejemplo, el gobierno continuó con sus obras de relumbrón.
Servir
Los cierres en México no dependen del gobierno federal; cada estado o municipio puede restringir actividades por razones de salud pública. Sin embargo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no ordenará nuevos cierres. Si bien fue cuidadosa durante la pandemia, al grado de usar mascarilla incluso cuando estaba con el presidente López Obrador, quien se negaba a emplearla, fue contundente al declarar: “La estrategia ya no puede ser cerrar las actividades económicas, porque tiene muchos impactos, o cerrar actividades escolares; la estrategia tiene que ser vacunarse y entre todos ayudarnos a cuidarnos”.
Muchos países impulsan cierres por razones políticas. Los gobernantes quieren aparentar que hacen algo, aunque lo que hagan no posea ningún sentido sanitario. Algunos políticos tienen incluso un ánimo revanchista contra la gente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró en una entrevista a Le Parisien: “A los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos. Y así lo seguiremos haciendo hasta el final”.
Yo defiendo la vacunación; el gobierno debe convencer a quienes se resisten con datos sobre sus beneficios. Pero de ahí a buscar fastidiarlos hay un gran trecho. Ningún gobernante debe olvidar que es un servidor público. Su función no es ni fastidiar ni violar los derechos de los gobernados, sino servirlos.