El viaje fue accidentado, pero al final el presidente logró lo que quería. El Senado votó el 4 de octubre por mayoría calificada de dos terceras partes una enmienda a un artículo transitorio de la Constitución que permitirá que las Fuerzas Armadas puedan seguir cumpliendo labores de seguridad pública hasta 2028.
Si bien la enmienda debe ser ratificada por los diputados, el voto es de alguna manera un respiro. De haberse extinguido la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudieran hacer labores de policía en marzo de 2024, como se establecía en el transitorio original de 2019, la mayoría de los estados y municipios no habrían estado preparados para enfrentar los retos del crimen organizado.
El voto tuvo también, sin embargo, un sentido político. La militarización es popular en una población que siente una gran desconfianza ante las policías civiles. A pesar de la resistencia de la izquierda durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la militarización puede ganar votos en las urnas.
No deja de ser paradójico que los morenistas, quienes antes de este gobierno se oponían a la militarización, hoy la aplaudan, mientras que los priistas y panistas que la apoyaban, hoy en buena medida estén en contra. Ni para unos ni para los otros el tema parece ser de principios, sino una simple cuestión política. La oposición, cualquiera que sea, está en contra de lo que quiere el gobierno, sin importar qué quieran los gobernantes.
La experiencia en los países que mejores resultados tienen en seguridad sugiere que la solución no surge de tener una fuerte policía nacional o federal. En Europa occidental, por ejemplo, hay agencias nacionales o federales, pero la seguridad cotidiana la garantizan cuerpos locales. Lo mismo sucede en Estados Unidos, Canadá o Suiza. Las policías federales se ocupan principalmente de crímenes como el terrorismo o el narcotráfico, pero salvaguardar a la población de delitos del fuero común, desde robo y fraude hasta violación y homicidio, es responsabilidad de las agrupaciones locales. Cuando se aprobó el actual artículo 21 de la Constitución, el que dio origen a la Guardia Nacional (GN), se prometió un esfuerzo para fortalecer a las policías estatales y municipales, pero no se hizo nada o casi nada.
Soluciones
Tal y como están las cosas hoy, la prórroga para que las Fuerzas Armadas sigan realizando tareas de seguridad pública no llevará más que a una nueva postergación en 2028. Ni las policías estatales ni las municipales están preparadas para tomar el control.
Por otra parte, la nueva enmienda dice que el Congreso supervisará a la GN y a las Fuerzas Armadas a través de comparecencias de los responsables y de informes trimestrales, pero sabemos que estos mecanismos no son suficientemente fuertes para lograr un verdadero control sobre una corporación policial de más de 100 mil integrantes. Quizá lo mejor del nuevo transitorio es que establece que el gobierno federal deberá dedicar una significativa cantidad de dinero anual a las policías estatales y municipales. Eso es más que un respiro: es el principio de una solución de fondo.
El acre debate en el Senado, lleno de insultos y descalificaciones, mostró la profunda división política sobre el tema. Para la mayoría de la población mexicana, sin embargo, lo que importa realmente es que la estrategia funcione. La delincuencia y la violencia se han convertido en los lastres más pesados para la sociedad. Necesitamos soluciones que funcionen.