La buena es que casi nadie cuestiona el contenido de fondo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta pudo haber sido una de esas pocas iniciativas que se aprueban en el Congreso con apoyo de todos los grupos políticos. Sin embargo un simple artículo transitorio, el decimotercero, introducido de último momento por un senador del Partido Verde, se ha convertido en la manzana de la discordia.
Una manzana envenenada. El artículo 97 de la Constitución es muy específico cuando establece que “cada cuatro años el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”. El transitorio en cuestión, sin embargo, alarga dos años el mandato del actual presidente de la SCJN, que también lo es del Consejo de la Judicatura Federal, y el de otros consejeros de la Judicatura. Como el ministro presidente es muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador hay razones para pensar que el propio primer mandatario promovió este transitorio.
El presidente López Obrador ha declarado en varias ocasiones que él no piensa que la ampliación del periodo del ministro presidente de la Suprema Corte sea inconstitucional. Supongo que, como no es abogado, tiene derecho a creerlo. Los juristas en su equipo de trabajo, sin embargo, podrán decirle que este es un caso en que un artículo transitorio de una ley orgánica estaría poniéndose por encima de un ordenamiento de la Constitución, que es la máxima ley del país. En cuando menos dos ocasiones el propio ministro Arturo Zaldívar ha votado, con fuertes argumentos, contra ampliaciones similares a los plazos establecidos por la ley.
Zaldívar no ha hecho declaraciones públicas sobre este tema, aunque el propio Consejo de la Judicatura que preside informó que el órgano ni buscó el transitorio ni lo incluyó en las propuestas de reforma al sistema judicial que sometió a consideración del Ejecutivo. Mucho se cuestiona el silencio personal del ministro, pero a mí me parece correcto que no se pronuncie sobre un tema que no está todavía legislado y que con el tiempo podría llegar al pleno de la SCJN. Ningún juez debe expresar opiniones sobre asuntos que quizá tenga que resolver.
Daño
En el fondo del asunto, sin embargo, no hay duda de que el transitorio debe rechazarse. Si se establece el precedente de que un ordenamiento secundario puede derogar un artículo constitucional México dejaría de ser un país de leyes. Si se puede ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte con el transitorio de una ley orgánica, de igual manera podría ampliarse el periodo del presidente de la República, a pesar de que el artículo 83 de la Constitución establece un máximo de seis años sin posibilidad de reelección.
López Obrador le tiene un evidente afecto al ministro Zaldívar, pero el controvertido transitorio le hace un enorme daño no solo a su gobierno sino al propio Poder Judicial. En varias ocasiones el ministro Zaldívar ha demostrado su cercanía con el primer mandatario. Respeto, por supuesto, debe haber siempre entre los dos. Pero el ministro presidente tiene obligación de mantener la autonomía y la independencia de la SCJN. Estas se perderán en automático si, por una jugada legislativa, se amplía su mandato, con el beneplácito del primer mandatario, en contravención a lo que señala la Constitución.