La reforma electoral del presidente López Obrador es muy popular. No lo digo yo, sino una encuesta levantada por el Instituto Nacional Electoral (INE). El sondeo es telefónico y tuvo un universo pequeño, de apenas 400 personas, pero sus resultados son contundentes.
Si bien solo 27% de quienes respondieron señalaron que habían escuchado hablar de la iniciativa de reforma, las principales propuestas del presidente obtuvieron niveles muy altos de aprobación: 52% afirmó estar de acuerdo en cambiar al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; 78% aprobó que los consejeros y magistrados electores se designen por voto popular, que es quizás el punto más relevante de la propuesta. Para una iniciativa que pocos conocen, esta parecería estar arrancando con el pie derecho. La popularidad, sin embargo, no garantiza un sistema realmente democrático.
El INE y su predecesor el IFE han compartido muchos de los males de los organismos burocráticos. Son caros y trabajan más para conservar sus empleos y privilegios que para llevar a cabo sus trabajos. El INE tiene alrededor de 20 mil empleados, con responsabilidades que no tiene ninguna autoridad electoral en el mundo. Su estructura es enorme y compleja. Un ejemplo de trabajo que no debería tocarle es la credencial de elector con fotografía, que se ha convertido en la identificación oficial ciudadana, pero que en realidad debería corresponder a la Secretaría de Gobernación. Nada más para 2023 el INE tendrá un presupuesto de 14 mil 437 millones de pesos, a los que habría que sumar seis mil 233 millones de pesos que el instituto tendrá que entregar a los partidos políticos.
Alternancia
Al INE le toca administrar una legislación extraordinariamente compleja, que limita derechos individuales y políticos y que pretende normar cada uno de los aspectos de la vida política del país. El resultado son procesos electorales restringidos y regulados.
La ley electoral debe ser modificada tarde o temprano. Sin embargo, no podemos olvidar que este sistema nos ha permitido por primera vez en la historia tener alternancia de partidos en el poder. Esta alternancia es la prueba de fuego de la democracia.
Algunas de las reformas que propone el presidente son positivas. Reducir el financiamiento de los partidos políticos es una de ellas. De hecho, no hay razón por la cual los contribuyentes tengamos que cargar con los gastos de los partidos. Pero otras son más inquietantes.
La encuesta del INE sugiere que a la gente le gusta la idea de que el pueblo elija a los consejeros y a los magistrados electorales. Esto no se hace en ningún lugar del mundo, sin embargo, y por muy buenas razones. Es como si los árbitros de los partidos de futbol fueran electos por voto popular. Ganarían siempre los postulantes que prometieran favorecer a los equipos más populares. Tendríamos así en México árbitros que hicieran todo lo posible por apoyar al América y al Guadalajara, mientras que los equipos pequeños tendrían que acostumbrarse a que todas las decisiones arbitrales fueran en su contra.
Sin duda hay que buscar formas de desburocratizar al INE y de reducir sus costos. Pero no olvidemos que su función es darnos elecciones justas que permitan la alternancia de partidos en el poder. Algunas de las medidas que se proponen ahora podrán ser populares, pero llevarían a México a convertirse en un régimen de partido único, como el que vivimos de 1929 a 2000. Y ese es un retroceso que no podemos permitir en nuestro país.