El presidente Enrique Peña Nieto fue reacio, pero al final decidió asistir a la sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las drogas. Esta asistencia era importante porque México fue uno de los tres países que impulsaron la convocatoria de la sesión especial. El discurso fue relevante, aunque solo sea por el reconocimiento de que la prohibición no ha funcionado. El mandatario reconoció que la guerra contra las drogas lanzada en los setentas no ha logrado reducir ni la producción ni el tráfico ni el consumo de drogas. Es importante, por lo tanto, pasar a una “eficaz regulación”. “Este cambio de fondo implica modificar el enfoque iminentemente sancionador para ubicar a las personas, sus derechos y dignidad y no a las sustancias y procesos judiciales en el centro de nuestros esfuerzos”, señaló.
Como expresión de una nueva filosofía del gobierno mexicano esta declaración es bienvenida, especialmente porque el presidente accedió a un debate sobre las políticas públicas acerca de las drogas advirtiendo desde el principio que él no estaba a favor de una legalización.
No hay ninguna información que sugiera que el presidente se ha acercado a la despenalización o incluso legalización de las drogas, ni siquiera de la marihuana, a pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia que determinó que el Estado no tiene derecho a castigar a los individuos por el uso de una sustancia que no le hace daño a nadie más que al usuario y que es menos dañina que otras que sí son legales. El presidente sí está presentando una posición más liberal, aunque sin llegar a pensar que la gente puede tener la capacidad de tomar sus propias decisiones.
Peña Nieto presentó un decálogo de principios ante la Asamblea General sin meterse en los detalles. Quizás el aspecto más relevante es que señala que “ante las limitaciones del paradigma prohibicionista se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos”.
Esto significaría que “el consumo de las drogas debe atenderse, esencialmente, como un problema de salud pública… La adicción de las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad”.
Posición
Pero, ¿cuáles son las medidas concretas que señalan que se ha abandonado la política de criminalización del consumo de drogas? Se habla de aumentar el monto máximo de marihuana que puede tener una persona, sin ser detenida y sancionada, de cinco a 28 gramos. Pero esto no cambia de manera fundamental el trato a los consumidores. La enorme mayoría de las personas que se encuentran en la cárcel por “delitos contra la salud” son simples consumidores y no narcotraficantes. Aumentar la cantidad que legalmente pueda tener una persona no modificará de manera significativa el enfoque sancionador que hoy tiene la política pública en nuestro país.
Es positivo que el gobierno del presidente Peña Nieto haya decidido ir a la Asamblea General a presentar la posición de México y que esta sea ya más abierta.
Para realmente abandonar el enfoque de criminalización del consumo, sin embargo, no basta con elevar la cantidad de droga que se permite tener a un individuo. Quizás habría que regresar a la posición del ministro Arturo Zaldívar, de la Suprema Corte, quien señaló que el Estado “vulnera la libertad individual” al penalizar el consumo de la marihuana.