La nueva Ley de Cine y el Audiovisual no basta para revivir una industria abandonada durante años.
La elección del lugar donde se filma una película es más que una cuestión de creatividad: a la hora de elegir locaciones los productores buscan destinos que les permitan recuperar una parte significativa de la inversión, un beneficio impensable en México durante años.
De ahí la decisión de impulsar una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual con el objetivo de fortalecer a la industria y atraer más producciones nacionales e internacionales mediante descuentos fiscales.
Y que según Mauricio Durán Ortega, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la falta de estímulos ha restado competitividad frente a lo que ocurre en el extranjero.
“Muchas producciones se están yendo para otros países, pero lo más preocupante es que las propias películas mexicanas ya no se graban aquí, se van a Colombia, Chile, Costa Rica o Argentina”, afirmó Durán.
Por su lado, Claudia Curiel, secretaria de Cultura, aseguró durante la presentación del proyecto de estímulos al cine que “deseamos que se filmen más películas en México”. Y para lograrlo, la iniciativa considera un crédito fiscal sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de hasta 30% del gasto, con un tope de 40 millones de pesos por película o serie.
Deshora
La propuesta busca alinear a México con programas globales que han sido útiles para atraer rodajes y producciones internacionales en otros lugares y, de paso, crear nuevas narrativas sobre lo que es ser mexicano que impulsen el turismo.
Sin embargo, nuestro país llega tarde a una fiesta que comenzó años atrás y con descuentos que se antojan insuficientes. Según la consultora Olsberg SPI, desde 2016 los incentivos fiscales a nivel mundial, conscientes de las jugosas ganancias, han ido en aumento. El estudio tiene en cuenta tanto los cash rebates —devoluciones fiscales de una parte de la inversión, que engloban los propuestos por el gobierno federal—, como los tax credits, aquellos que permiten a las empresas recuperar de manera directa cierta cantidad sobre el ISR.
Tan solo en 2024 se registraron 120 incentivos a nivel global, superiores a los 86 de 2017 y los 113 de 2023. La mayoría de ellos, 38, provino de Estados Unidos, seguidos de Europa, con 36 y Canadá con 14. En Latinoamérica hay actualmente diez incentivos impulsados por Colombia, Chile o Uruguay.
En un camino que ya lleva largo trecho recorrido destacan los incentivos del Reino Unido, pues en 2024 aprobó un crédito de gasto de 53%, equivalente a una deducción fiscal de aproximadamente 40% con un presupuesto de hasta 15 millones de libras esterlinas.
Mientras, en España las empresas internacionales reciben 30% de deducción por el primer millón de euros de gasto y 25% en el importe restante de los gastos. Y en Islas Canarias los proyectos alcanzan deducciones de hasta 50 por ciento.
En este sentido, no es de extrañar que el reality show mexicano La ley de la selva, producido por Netflix, haya elegido rodar en Colombia; o que la serie Isla Brava recree a México en las Islas Canarias.
Hasta el momento el único estado que cuenta con un programa de estímulos para la industria, más allá de los que ofrece el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) —y solo al cine local—, es Jalisco, que reembolsa hasta 40% de los gastos de producción y posproducción.
Golpe de realidad
La nueva ley propone que para que la deducción sea aplicable la película o serie en cuestión deberá contar con al menos 70% de curaduría nacional. “No solo tendremos más proyectos filmados en México, sino también más trabajo para estudios y casas de posproducción”, dijo la secretaria de Cultura.
Aunque ideal, la propuesta choca con uno de los grandes problemas en la industria: la informalidad.
En el mundo del audiovisual es una práctica común contratar trabajadores independientes, con pagos en efectivo, para evitar controles fiscales y limitaciones de horario. “Como independientes, solo con dinero público no podemos pagar la seguridad social. Tenemos esa responsabilidad con los derechos laborales, pero no nos alcanza”, aseguró la productora Inna Payán.
Según datos de Canacine 75 % de la industria audiovisual mexicana está compuesta por trabajadores directos, indirectos o inducidos, y estima que la mitad de ellos trabajan en el sector informal. “Tener un incentivo que duplique el volumen de producción se volvería algo muy negativo si no se arregla esto”, aseguró Avelino Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, a mediados del año pasado.
El querer impulsar la industria sin las condiciones materiales necesarias para dar ese paso ya comienza a causar estragos, pues a pocos días de anunciarse con bombo y platillo el proyecto que promete catapultar a México como el paraíso de los rodajes ante los ojos del mundo, trabajadores de la Cineteca Nacional —que será la encargada de la preservación, investigación y exhibición del patrimonio audiovisual mexicano en la nueva reforma— amenazaron con irse a huelga.
Los motivos fueron varios. Entre las denuncias destacan los bajos salarios, el adeudo de quincenas, condiciones de precariedad laboral que les obliga a trasladarse entre las nuevas locaciones de la Cineteca ubicadas de un extremo a otro de la ciudad, porque no ha habido nuevas contrataciones, y falta de contratos laborales que los expone a una constante incertidumbre sobre su futuro dentro de la institución.
A esto se suma otra problemática: la falta de personal calificado. “Apenas tenemos el suficiente equipo humano y técnico para cubrir la demanda actual”, aseguró Rodríguez, siendo la base de la pirámide —camarógrafos, foquistas, gaffers— el sector más afectado. “En los puestos creativos es al revés: tenemos mucho personal de altísima calidad creativa”, afirmó.
Vieja nueva
Con la implementación de la ley que reemplazará a la que existe desde 1992 se busca garantizar también que el cine mexicano tenga al menos 10% de espacio en salas de cine y plataformas digitales para su difusión.
La propuesta, sin embargo, no es nueva. En 2021 Ricardo Monreal, entonces coordinador del Senado de la República, propuso una iniciativa similar que buscaba reservar 15% de los contenidos de cines a producciones nacionales.
En aquel momento el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mencionó a través de un comunicado que la reforma podría ser contraproducente, pues “limita la libertad de expresión, distorsiona el mercado y el derecho de las audiencias a decidir”. Las condiciones no cambian mucho solo con reducir a 10% la cuota de cine nacional en las salas.
No es todo. Además, la iniciativa iría en contra de acuerdos comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), próximo a discutirse este año, y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM).
“Esas restricciones son violatorias a los acuerdos de México con el mundo, limitan las posibilidades de inversión extranjera e imponen condiciones discriminatorias”, manifestó el organismo.
Por ello, llamó entonces a los senadores a encaminar la reactivación del sector bajo “un marco de respeto a la ley y de certidumbre, y no a la creación de nuevas restricciones y distorsiones”. A la fecha, la crítica no ha cambiado mucho.
Pese al contexto, Curiel hizo un llamado a la industria privada, a distribuidoras y a empresas a cargo de la exhibición para que asuman su grado de “corresponsabilidad” y pueda lograrse que el cine mexicano sea más visible.
“No podemos pensar que el Estado va a resolver todo. Tenemos que ver cómo le entramos para que nuestro cine nacional tenga la misma potencia que tiene en la creatividad, pero ahora en la visibilidad y en las oportunidades de exhibición. Es una invitación para que sean corresponsables”.
La iniciativa busca que 2026 sea el punto de partida para una reactivación sistémica de la producción audiovisual en el país; no obstante, para que la cultura sea un motor económico se requiere certeza jurídica y financiera, algo que de momento no está claro.