Debaten en el Senado “Plan B” de Reforma Electoral

Demandan respeto a los derechos políticos

TV Azteca
Elecciones 2024
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Senado Prensa

En el foro de “Análisis del Plan B y cómo afecta los derechos políticos electorales de las mujeres”, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa expresó que las reformas electorales afectan la construcción jurídica que hoy da certeza a las elecciones en México.

El senador refirió que en este encuentro se analizará la afectación de los derechos políticos de las mujeres, será el principal tema de debate, “por ejemplo lo que se alcanzó en 2021 que eran 50 espacios para indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas, con diversidad sexual y migrantes, ya no estará”.

Mancera Espinosa aseguró que, además, son temas que ya se debatieron, que ya se habían llevado a los tribunales federales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de nueva cuenta están ahí, lo que debilita a la autoridad electoral y por supuesto que tendrá repercusiones.

“Desaparecer la Unidad Técnica de Fiscalización y convertirla en Dirección Ejecutiva es contrario a la Constitución, es una afectación seria, se sienta un precedente muy negativo en la equidad de la contienda”, subrayó.

Elizabeth Pérez Valdéz, vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, afirmó que la reestructura orgánica del Instituto Nacional Electoral repercutirá en el debilitamiento de estructuras centrales y desconcentradas, como el Servicio Profesional Electoral Nacional, pues la mayoría de sus puestos y cargos se concentran en los órganos delegacionales y subdelegacionales.

Joanna Alejandra Felipe Torres, diputada federal del PAN, mencionó que una de las alertas que enciende la reforma político-electoral es el planteamiento original para que desaparezca la Sala Regional Especializada, ya que es donde están los caminos jurídicos para sancionar los actos en contra de las mujeres en la política.

Otro riesgo, agregó, es la pérdida de la facultad del INE para emitir lineamientos en torno a las candidaturas de mujeres, así como para fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos en las campañas y precampañas, con lo cual en el pasado periodo electoral se cancelaron 40 registros aproximadamente.