Las recientes resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) propiciaron que expertos y legisladores planteen de nuevo la necesidad de rediseñar tanto la normatividad electoral como al propio organismo.
¿Qué se plantea? Primero, reducir el costo electoral. Segundo, contar con un organismo ciudadano y autónomo. Tercero, simplificar las normas de la competencia electoral. Esto para empezar.
Comencemos con lo urgente: reducir el costo. El INE tendrá este año un gasto de operación de 19 mil 593.7 millones de pesos. ¿Es mucho? Por supuesto, sobre todo cuando el país enfrenta una emergencia sanitaria y una crisis económica. ¿Se puede reducir? Definitivamente.
Ante la pregunta: ¿en qué gasta el instituto?, los consejeros argumentan: se gasta en la organización de las elecciones.
Pues bien, el año pasado el organismo tuvo un presupuesto de once mil 421.7 millones y en 2019 de diez mil 397 millones y en ninguno de esos años hubo elecciones. ¿Entonces? Queda claro que el instituto solo es un oneroso ente burocrático.
Otra de las justificaciones del gasto es la expedición de la credencial de elector. ¿Será? Veamos. La partida Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar demanda solo la tercera parte del gasto operativo del organismo. Por ejemplo, en 2020 dicha partida ascendió a tres mil 403 millones —y recordemos que el presupuesto del organismo fue de once mil 421.7 millones.
Como podemos apreciar el INE sin estar en año de comicios y aun restando el costo de la expedición de credenciales sigue erogando alrededor de siete mil millones de pesos anuales. Una vez más: la más cara organización burocrática.
Otro argumento es que en años electorales el INE se hace cargo de asuntos que tienen que ver con comicios locales, como la fiscalización de gastos de los candidatos, la administración de spots en radio y televisión, así como la organización de la casilla única para recibir los sufragios de las elecciones federales y locales.
Para el INE dichas tareas de los procesos estatales representan una erogación extraordinaria. Si es así, entonces ¿por qué no le demanda a los institutos electorales compartir gastos? Insistimos: solo es una costosísima organización burocrática.
Los 32 institutos electorales locales tendrán en 2021 un presupuesto conjunto de once mil 643.9 millones de pesos; esto es, una cantidad equivalente a 60% del presupuesto del INE este año.
Desde el inicio de la actual Legislatura los expertos y los diputados plantean que, ya que comparten responsabilidades, es viable fusionar los organismos locales con el INE y así economizar. La burocracia solo es eficiente en una cosa: en reproducirse.
Altos sueldos
Finalmente tenemos el tema de los sueldos de los funcionarios. El manual de remuneraciones del INE aprobado para 2020 indica que el consejero presidente y los otros diez consejeros electorales de este organismo tienen una percepción anual bruta de 4.3 millones de pesos cada uno.
Además alrededor de mil 100 funcionarios tienen percepciones anuales brutas de entre 1.05 y 3.1 millones de pesos.
En varios países desarrollados no existe un organismo electoral: los comicios son organizados (en unos cuantos meses) por los servidores públicos federales o locales.
Si en la próxima Legislatura hay voluntad se podrían hacer cambios para no solo generar ahorros sino también hacer más transparente y eficiente organizar elecciones. Por ejemplo: siete mil millones de pesos si deja de operar el INE cuando no es año electoral; once mil millones eliminando los organismos locales, y alrededor de mil 300 millones en los sueldos y prestaciones de la alta burocracia del INE. México merece mayor eficiencia y racionalidad en sus instituciones.
