Promover la participación activa de la ciudadanía y el ejercicio del voto informado en las próximas elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del 2024 son el objetivo de los Foros Regionales para la Prevención de la Compra y Coacción del Voto, y de los Delitos Electorales. Estos eventos organizados por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEMDE), tuvieron lugar en los municipios de Coacalco y de Valle de Bravo.
Alejandro Alanuza Pineda y José Manuel Monroy Badillo, agentes del Ministerio Público adscritos a la FEMDE fueron los ponentes invitados a exponer a la comunidad estudiantil de la Universidad del Valle de México información que permita a la población prevenir, detectar, denunciar y dar seguimiento a los delitos electorales.
Durante su intervención, Alanuza Pineda explicó a las y los asistentes que el voto debe ser libre, secreto, directo, personal e intransferible y destacó que la confidencialidad del mismo contribuye al adecuado desarrollo de la función pública electoral, puesto que cualquier intento de influencia, como el ofrecimiento de dinero a cambio de manipular el voto, constituye un delito electoral. Además, detalló que la Ley General en Materia de Delitos Electorales y las autoridades competentes investigan y sancionan estos delitos a nivel federal, estatal y municipal.
Por su parte, Monroy Badillo expuso el tema: ¿Qué sucede si las características del voto se ven afectadas? explicó que en este caso la voluntad de la ciudadanía se ve afectada por las gratificaciones o presiones que les son ofrecidas y no por las propuestas que las y los contendientes presentan, impidiendo así un ejercicio democrático auténtico.
Monroy Badillo describió los conceptos de violencia, amenaza y coacción del voto en el proceso electoral y enfatizó que la compra del sufragio es un delito que puede ser cometido por cualquier persona, servidora o servidor público y funcionariado partidista.
En este contexto, enfatizó que ofrecer dinero o intercambiar objetos materiales a cambio de manipular el sufragio con pruebas, como fotografías, constituye una conducta ilícita y destacó la necesidad de denunciar estos delitos, pues la participación de la sociedad es fundamental para la preservación de la integridad del proceso electoral.