Al aprobar las reformas electorales de 2007 y 2014 los partidos políticos se aseguraron de establecer en la Constitución una fórmula que les garantiza un considerable financiamiento público que, además, crece invariablemente año con año: para 2023, cuando no habrá comicios federales y tan solo se desarrollarán dos elecciones estatales, Morena, PAN, PRI, MC, PT, PVEM y PRD recibirán seis mil 233.5 millones de pesos.
Justo por ello una de las demandas más sentidas de la ciudadanía es reducir las prerrogativas que reciben las fuerzas políticas.
Iniciativa presidencial
Morena apoya la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que precisamente tiene como una de sus principales propuestas reducir el gasto público que se destina a los partidos.
En su exposición de motivos plantea: “Uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año se entregan a los partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto”.
Critica el documento que “el Estado mexicano destina cada año miles de millones de pesos en subsidios públicos a las actividades ordinarias de los partidos políticos (plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles), es decir, a la manutención de aparatos burocráticos”.
Por otro lado, la iniciativa presidencial explica que “cuando se introdujo el sistema de financiamiento anual de los partidos se buscaba detener las transferencias subrepticias de dinero público a favor del partido oficial, principal elemento de inequidad respecto de otras expresiones políticas”.
Sin embargo, agrega el texto, “el sostenimiento de su estructura burocrática durante tiempos no electorales nunca ha terminado de justificarse socialmente, dada la proliferación de élites partidistas ajenas al interés público y representatividad ciudadana”.
De acuerdo con la Encuesta Cívica realizada cada cuatro años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “en 2020 los partidos políticos fueron la institución pública más desacreditada, entre otras razones por el costo económico que significan para la sociedad mexicana”.
En opinión del jefe del Ejecutivo federal los partidos deben cubrir sus gastos por medio del financiamiento de simpatizantes y militantes: “El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas”.
Aclara la iniciativa que “el financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral. Esto representa una disminución de más de 66% del financiamiento público respecto de lo que actualmente se gasta. Lo anterior obedece a la necesidad de que nuestro régimen de partidos no genere costos injustificados ni incongruentes”.
Pelea por el dinero
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recién aprobó el financiamiento de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, a partir de la fórmula establecida en la Constitución, por un importe de seis mil 233 millones 510 mil 798 pesos.
El INE explicó que únicamente aplica la fórmula dispuesta en el artículo 41 constitucional y que ella “no admite debate o negociación alguna”.
Durante la sesión en la que el Consejo General del INE aprobó el financiamiento público para los partidos en 2023, los representantes de Morena, PRI, PAN y PRD, así como algunos consejeros sostuvieron un intenso debate en torno de la necesidad o no de asignar dinero del presupuesto federal para mantener la operatividad de las fuerzas políticas.
El representante de Morena, Eurípides Flores, recordó que su partido apoya la propuesta del presidente de la República de eliminar los recursos públicos a los partidos en años en que no se celebren comicios y soltó: “El presupuesto que se asigna a los partidos políticos es un golpe a la voluntad popular, que ha exigido de manera reiterada que es necesaria la austeridad republicana en el gobierno, que deben acabar los lujos y los privilegios para los de arriba y destinarlo a la atención de las necesidades verdaderamente urgentes para la ciudadanía y para el pueblo”.
En respuesta, el representante del PAN, Víctor Sondón, aseveró que “tal vez Morena no requiera del presupuesto para partidos, porque seguramente están pensando en el presupuesto público, que es todavía más grave”.
A su vez, el representante del PRI, Hiram Hernández, preguntó al morenista: “¿Qué opina usted de que en enero de 2022 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa de 4.9 millones de pesos a Morena por financiarse ilegalmente con dinero retenido a empleados del municipio de Texcoco durante el gobierno de Delfina Gómez, entre 2013 y 2015?”
Según la investigación, dijo, “Delfina desvió al menos dos millones 200 mil pesos vía estas retenciones para después darlos a Morena. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho más alta, ya que muchos descuentos se dieron sobre pagos en efectivo”, aseveró el priista.
El consejero del INE, Jaime Rivera, llamó la atención “sobre el hecho de que Morena, que no reclamó la disminución de financiamiento público a los partidos mientras estuvo fuera del gobierno porque desde la oposición necesitaba dinero para competir por el poder, ahora lo hace”.
Rivera lanzó la pregunta: “¿Será que Morena de verdad quiere aplicarse a sí mismo la pobreza franciscana de manera permanente? ¿O será que obtiene recursos de otras fuentes?”
El representante de Morena dejó sin respuestas las preguntas del consejero electoral y del representante del PRI y, en cambio, se lanzó contra priistas y panistas: “El presupuesto que se anuncia por parte del INE es irrisorio porque ¿para qué quiere tanto dinero el PRI si pierde todas las elecciones a las que se presenta; o el PAN, que no es capaz de construir un cuadro honesto que no robe, que no mienta, que no traicione al pueblo? Literalmente, es dinero echado a la basura”.
El consejero del INE Ciro Murayama aclaró al morenista: “Perdóneme, pero la Constitución no dice que solo el ganador tiene derecho al financiamiento público; la Constitución dice, literalmente, que 70% se reparte proporcionalmente con base en los votos que legítimamente cada partido político obtiene en la elección al Congreso respectivo y 30% de manera igualitaria”.
Miguel Castro, representante de MC, indicó que su dirigencia nacional ya fijó su posición sobre el financiamiento público: “Que no se dé dinero a los partidos políticos, que estos se encarguen de erogar sus gastos y que se los acrediten al INE fehacientemente”.
Finalmente, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona afirmó: “El Estado mexicano va a gastar algo más de seis mil millones de pesos en financiar a sus partidos y ese gasto le ahorrará a la sociedad muchísimo más dinero, evitando compromisos, evitando la tentación de venderse a los intereses privados”.
Democracia cara
En el foro 11 del Parlamento Abierto para la reforma electoral se abordó el tema Financiamiento público para las campañas electorales.
Ahí la presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, Graciela Sánchez, comentó que estamos ante el reto de limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se entrega cada año: “Es necesario transitar hacia un modelo diferente de financiamiento para los partidos o seguir aportando del erario público muchísimo dinero para cada uno de ellos”.
Elena Sarayth de León Cardona, fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales en la Ciudad de México, consideró que eliminar el financiamiento público para actividades ordinarias e incentivar que sean sus militantes quienes cubran sus gastos permitirá fortalecer a los partidos políticos.
“Fortalecerá su democracia interna y el vínculo militancia-dirigencia; generará auténticas escuelas de cuadros; facilitará la posibilidad de acceso a cargos públicos y partidarios; abolirá cúpulas anquilosadas; propiciará una participación auténtica; privilegiará la transparencia y rendición de cuentas; optimizará gastos; obligará a una administración ordenada y eficiente; y desincentivará al partido como un negocio personal o de grupo porque el militante será su principal fuente de financiamiento”, puntualizó.
Alfredo Alcalá Montaño, integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, dijo que se debe apostar por el cambio de fórmula para asignar los recursos públicos a las fuerzas políticas.
Mariana Tamés Espadas, coordinadora jurídica de la Consultoría Política y Litigio Electoral, pidió “tomar en cuenta que los partidos reciben otro tipo de prerrogativas, como las de radio y televisión, lo que involucra dinero para ellos”.
María Luisa Jiménez Poblano, asesora en materia electoral, financiamiento, gasto y fiscalización, aseveró que no obstante que “la democracia tiene un costo de funcionamiento, este debe ser menor para la ciudadanía, es decir, no debe ir en deterioro del gasto público”.
La diputada Susana Prieto, de Morena, aseguró que “hay partidos que no dan un solo peso a sus candidatos para que hagan campaña política, por lo que llegan a buscar candidatos con dinero propio que autofinancien sus campañas”.
Sin voluntad política
La pasada LXIV Legislatura comenzó en septiembre de 2018 sus trabajos con la presentación de diversas iniciativas que plantearon la reducción del financiamiento público para los partidos políticos nacionales. Las propuestas presentadas no prosperaron durante el primer año de ejercicio, pero el tema se volvió a discutir en octubre de 2019 durante la celebración de un foro en la Cámara de Diputados en el que se planteó la posibilidad de impulsar una nueva reforma electoral.
En ese contexto, la propuesta de reducir las prerrogativas se presentó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El 29 de octubre se aprobó (con 19 votos a favor de Morena y el PES, y 14 en contra de PAN, PRI, MC, PRD e incluso el PT) el dictamen de la iniciativa que establecía reducir 50% el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias.
En el dictamen de aquel entonces Morena planteó que la fórmula que se aplica para asignar el financiamiento “permite que las erogaciones a los institutos políticos aumenten constantemente, derivado del incremento que año con año tiene el Padrón Electoral y el valor de la UMA, lo que cada vez genera un mayor descontento social”.
Los legisladores de Morena y PES aprobaron el dictamen de la iniciativa que establecía que “el financiamiento público destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 32.5% del valor diario de la UMA”. Con ello preveían obtener un considerable ahorro.
La iniciativa se llevó al pleno de la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de aquel 2019 y los legisladores de los partidos de oposición —y con ellos el PT— votaron en contra con el argumento de que la reducción del financiamiento público a los partidos sería un elemento que favorecería al partido en el gobierno, es decir, a Morena.
Vaga esperanza
Elena Sarayth de León Cardona celebró el “intento” que hacen los legisladores de atender una exigencia social que se hace inaplazable. En este sentido, expresó: “El dinero que reciben los partidos es desproporcionado en un país con tanta desigualdad y pobreza, recurso que bien podría utilizarse para atender necesidades más imperiosas”.
Asimismo, la especialista planteó que en la actualidad “el flujo de dinero para cubrir gastos de campaña muchas veces se utiliza para las llamadas ‘actividades de campo’ que envuelven la denominada operación política: ‘compra de votos’, ‘traslado de votantes’, ‘pago de operadores y movilizadores’, ‘grupos de choque’, representantes generales y de casilla y muchos otros gastos que la fiscalización no detecta y que no son tan sencillos de acreditar como ilícitos electorales”.
Así, mientras los legisladores escuchan a los expertos —quienes hacen eco de la demanda ciudadana— recomendando la reducción de los recursos públicos, los partidos recibirán en 2023 un total de seis mil 233 millones 510 mil 798 pesos para sus actividades ordinarias y otros gastos, aun cuando el año próximo no se celebran comicios federales y solo se realizarán dos elecciones locales.
Es un hecho que no habrá reducción de prerrogativas en 2023 y no es seguro que las haya en 2024, así que la ciudadanía seguirá pagándoles miles de millones de pesos a los partidos políticos, porque si no reciben dinero público tendrán “la tentación de venderse a los intereses privados”.
Recursos públicos 2023
(en pesos)
PAN 1,184,481,589
PRI 1,160,947,674
PRD 466,886,631
PT 446,986,950
PVEM 555,065,981
MC 632,346,970
Morena 1,964,875,498
Fuente: INE
Fórmula mágica
El financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fija anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 65% del valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización, esto es “la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes”).
Con base en el corte del Padrón Electoral del 31 de julio, con un número total de 94 millones 910 mil 965 personas, la aplicación de la fórmula dio como resultado un monto global de financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos por más de cinco mil 936 millones de pesos, a los que se suman otras prerrogativas establecidas en la Constitución: actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica, para un gran total de seis mil 233 millones 510 mil 798 pesos.
El valor de la UMA para 2022 quedó establecido en 96.22 pesos y 65% de esto son 59.94 pesos.
Cabe destacar que año con año crece el número de inscritos en el Padrón Electoral y aumenta el valor de la UMA, por lo que está garantizado que los partidos incrementen sus prerrogativas.