En acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó emitir los Lineamientos Generales para Regular y Fiscalizar los Procesos, Actos, Actividades y Propaganda Realizados en los Procesos Políticos.
Es decir, el consejo del órgano electoral aprobó, en los hechos, una especie de procesos de pre precampaña (que no está contemplada en la normatividad electoral) para designar a los candidatos presidenciales, procesos que, por cierto, ya desarrollan desde hace varias semanas tanto Morena como los partidos del Frente Amplio Opositor (PAN,PRI y PRD).
Para la consejera electoral Claudia Zavala, es “muy difícil entender como desde la clase política se estén ahora promoviendo actos que constituyen intentos de defraudar la ley (…) y el consenso social que se construyó para atajar la inequidad en los procesos electorales”.
Asimismo, planteó una pregunta simple pero determinante: “Luego de dos siglos de lucha para establecernos como un país de leyes existe hoy en el umbral de las próximas elecciones de 2024 un compromiso genuino de los principales actores de la competencia al cumplimiento de la Constitución y las leyes”.
Ostentarse como precandidato
El consejo del INE estableció que “los Lineamientos tienen como objetivo regular y fiscalizar los Procesos Políticos para salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara al Proceso Electoral Federal 2023-2024”.
Dichos procesos, indicó, “se definen como el conjunto de actos, actividades y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad sea establecer una estrategia encaminada a posicionar y/o definir liderazgos políticos, que podrían ostentar una precandidatura o candidatura en el proceso electoral, así como aquellos otros procesos que sean similares”.
Asimismo, el órgano electoral indicó que la fiscalización de los Procesos Políticos estará a cargo del propio INE, a través de la Comisión de Fiscalización y de su Unidad Técnica de Fiscalización.
Aclaró que “los sujetos que serán fiscalizados en los Procesos Políticos son los partidos políticos nacionales, las personas inscritas en dichos procesos y, en su caso, las demás personas aportantes”.
También indicó que los partidos políticos “deberán establecer los topes de gastos que cada persona inscrita en su Proceso Político ( las llamadas Corcholatas) podrá aplicar a los gastos directamente vinculados a ella. En ningún caso, los topes que se establezcan serán superiores a la cantidad de 34 millones 370 mil 666.00 pesos por persona inscrita”.
Además, la Unidad de Fiscalización “realizará monitoreos y visitas de verificación para identificar actos tales como eventos y recorridos, así como distribución o colocación de propaganda realizados por los sujetos obligados o personas inscritas, de conformidad con la normativa vigente en materia de fiscalización”.
Del mismo modo, el instituto dejó en claro la “prohibición del uso de tiempos de radio y televisión para la difusión de los Procesos Políticos”. Al respecto agregó: “En ningún momento los partidos políticos podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión para difundir mensajes relativos a los Procesos Políticos”.
En otro aspecto, el instituto su autoasignó la facultad para retirar “de inmediato” la propaganda de índole electoral: “Los actos, eventos y actividades que realicen los partidos políticos, organizaciones ciudadanas, personas inscritas y demás participantes en los Procesos Políticos no deben tener como objetivo el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”.