Ministros de la Suprema Corte de la Nación aprobaron el proyecto que invalida la reforma a la Constitución de Baja California que ampliaba, de 2 a 5 años, el gobierno Jaime Bonilla
Omar Martínez/Omar Martínez
19 mayo, 2020
Antonio Caporal
Política

INVALIDA LA SCJN LA LEY QUE AMPLIÓ EL PERIODO DEL GOBERNADOR DE B.C.

Diputados locales incurrieron en “fraude” a la Constitución, afirma.

En su sesión del 11 de mayo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió con el voto unánime de los once ministros que es inconstitucional el decreto 351 de reforma a la Constitución Política del Estado de Baja California, mediante el cual se amplió de dos a cinco años el periodo del gobernador Jaime Bonilla.

El pleno determinó que dicha modificación, que se realizó con posterioridad a la elección constitucional de 2019, violó diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, como son “los principios de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica; las bases constitucionales de la organización política de los estados; el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad; así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes”.

Los ministros recordaron que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución General “las leyes electorales deben publicarse 90 días antes de que comience el proceso electoral y que no puede haber modificaciones fundamentales durante este, por lo que al haber modificado el periodo del gobernador electo una vez que culminó el proceso electoral, el Constituyente local incurrió en un fraude a dicho mandato”.

En este sentido el pleno señaló que “la reforma impugnada constituyó una clara violación al principio de soberanía popular, así como a la voluntad general de los ciudadanos de Baja California, la cual fue expresada en las urnas el día de la elección ya que el día que esta se realizó la norma vigente establecía que el plazo sería de dos años y no cinco”.

En cuanto a los efectos se precisó que “como consecuencia de la invalidez del citado decreto el gobernador electo en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.

Fallas de origen

Durante las discusiones de las reformas político-electorales de 2007 y 2014 se propuso que las elecciones de gobernador de cada entidad fueran concurrentes con las federales —presidenciales o intermedias—, por lo que recomendaron a los congresos locales legislar al respecto.

Varias entidades ya tenían elecciones constitucionales concurrentes con las federales (Ciudad de México, San Luis Potosí, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco, por ejemplo); en otros casos los congresos ignoraron la sugerencia (Estado de México); mientras que en algunos estados los legisladores ajustaron (redujeron) sin mayor problema los periodos de ciertas administraciones para hacer concurrentes la elección del gobernador con los comicios federales (Veracruz, Puebla, Guerrero y Michoacán, por ejemplo).

En Baja California la XXI Legislatura, que abarcó de 2013 a 2016, aprobó en 2014 el decreto 112, que estableció acortar a dos años el periodo del gobierno que inició el 1 de noviembre de 2019 para empatar la elección constitucional con la elección federal intermedia de 2021.

En las elecciones del pasado 2 de junio de 2019 obtuvo el triunfo Jaime Bonilla Valdez, postulado por Morena, PT, PVEM y el extinto PES.

Posteriormente el 8 de julio del año pasado 21 diputados de la XXII Legislatura del Congreso de Baja California (2016-2019) aprobaron la ampliación de dos a cinco años el periodo de gobierno del entonces mandatario electo, Jaime Bonilla.

Los legisladores bajacalifornianos argumentaron que su decisión fue para “no hacer un nuevo gasto en una elección constitucional dentro de dos años”, así como también aseguraron que “es mejor una gubernatura de cinco años que de solo dos”.

La iniciativa para ampliar el periodo de Bonilla fue aprobada en aquella Legislatura que concluyó el 31 de julio, pero la actual XXIII Legislatura no hizo mucho por corregir dicha situación; de hecho la mayoría de sus legisladores (Morena y PT) organizaron en octubre de 2019 una “consulta” para conocer la opinión de los bajacalifornianos en cuanto a si querían un gobierno de dos o de cinco años.

Una vez que la actual Legislatura de Baja California publicó, en octubre de 2019, el decreto para ampliar el periodo de Bonilla, PAN, MC, PRD, PRI, Confederación Patronal de la República Mexicana, Instituto Nacional Electoral y Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron ante la SCJN una serie de acciones de inconstitucionalidad para impugnar dicho decreto.

Respuesta

Los ministros de la SCJN respondieron con su resolución y argumentos al gobernador Jaime Bonilla, a los diputados de la XXII y la XXIII legislaturas —que aprobaron la ampliación del mandato y que publicaron el decreto para oficializarlo, respectivamente—, y a todos aquellos que estuvieron de acuerdo con que el mandatario bajacaliforniano duraría cinco años en el cargo.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que todas y cada una de las violaciones constitucionales que se identifican en el decreto de ampliación de mandato de Bonilla “configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que esta instituye”.

Añadió: “Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar por ley que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”.

Igualmente el ministro presidente de la Suprema Corte planteó: “La pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es: ¿resulta constitucional la ampliación del periodo para el cual fue electo el gobernador de Baja California a través de una reforma a la Constitución local, aprobada con posterioridad a la culminación del proceso electoral? La respuesta es a todas luces negativa”.

También dijo que en el Congreso de Baja California “se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”.

A su vez el ministro ponente Franco González Salas sostuvo que “la duración de los cargos de elección popular es una condición determinante del voto. La opción que elige el ciudadano no se limita a responder quién debe gobernar sino también en qué cargo y por qué tiempo”.

El ministro Alfredo Gutiérrez advirtió a su vez que una reforma para ampliar el mandato de un gobernante “podría darse en cualquier momento y sin límites, sin importar el proceso electoral en el que fue aplicada, sin importar el daño hecho a la democracia”.