Ciudad de México, a 5 de septiembre. Desde hace tres décadas, el transporte concesionado enfrenta una crisis financiera que actualmente lo tiene al borde de su desaparición, por la diferencia entre lo que se invierte para tener unidades al servicio del público y lo que el usuario paga como parte de una tarifa social impuesta por las autoridades.
Hasta la época de la pandemia, ese déficit había sido manejable, por la cantidad de pasajeros que utilizaban el servicio, pero debido a la crisis sanitaria, la demanda bajó cerca de un 80% y se ha ido recuperando paulatinamente, hasta llegar a un número de usuarios 20% menor a los niveles originales, el cual se reduce a razón del 2% cada año, derivado de causas como la competencia desleal de los transportes gubernamentales, el aumento del trabajo desde casa, incremento del uso de motocicletas de combustión interna, así como bicicletas y scooters eléctricos,entre otros, todo lo cual no resuelve el problema de la congestión vial, sino que lo complica.
El costo real de operación excede con mucho lo que los usuarios pagan, además de que se ha ido acumulando un déficit que crece al 5% anualmente. Sólo para ilustrar la circunstancia por la que atravesamos, es necesario aclarar que de 2005 a 2025, la tarifa del transporte concesionado pasó de cuatro a ocho pesos.
Sin embargo, el precio del diésel pasó, en el mismo lapso de tiempo, de 5.24 a 25.48 pesos, es decir un incremento de 386%, lo que significa casi cuatro veces más rápido que la tarifa concesionada.
Asimismo, en el mismo periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumuló un crecimiento de 76%. En consecuencia, mientras que la tarifa del transporte concesionado ha crecido de forma insuficiente en 20 años, el diésel subió 386% y la inflación 76%.
No obstante, consideramos que si bien esta crisis financiera es un elemento por el cual atraviesan las empresas, no podemos afectar al usuario hasta que no se agote el diálogo con las autoridades, debido a lo cual en Mova hemos buscado tanto a los académicos, como al sector empresarial para que analicen el tema desde todas las perspectivas posibles y valoren cómo se presta el servicio, cuál es su costo y qué requiere el transportista.
Sin embargo, también les hemos allegado cálculos acerca de que, a nivel nacional, la congestión vehicular representa un costo que asciende a 100 mil millones de pesos, además de los riesgos en la salud de las personas.
En este contexto, es importante llamar a todos los transportistas para que presentemos un planteamiento conjunto, en lugar de pedir un incremento a la tarifa que no resolverá el tema de fondo y sólo postergará la crisis.
Consideramos que la división no contribuye a resolver nuestros problemas internos, tampoco los de los usuarios, ni los de la ciudad, ya que el servicio se continuará deteriorando y la crisis tanto del transporte, como el crecimiento vehicular se agravarán.
Debido a ello, en esta ocasión, representantes de Mova buscamos plantear la delicada situación por la que atraviesa todo el sector, en principio ante los legisladores locales, concretamente con el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, diputado Pablo Trejo López.