El mundo, que lleva su propia velocidad económica dependiendo de cada país y región, ha tomado dos decisiones: la primera fue para soportar el golpe directo y en seco de la pandemia tanto en el sector salud como en la macro y microeconomía; y, después, para elaborar sus propios planes, programas y políticas de rescate de personas, familias y empresas, además de sostener en terapia intensiva a la economía.
Ahora hay que reanimarla. La vacuna viene en forma de paquetes de estímulos, subsidios, transferencias, cheques de ayuda a salarios y desempleados, préstamos blandos y congelamiento temporal de adeudos.
Pero la respuesta no es igual en todas partes: en el viejo continente algunos economistas se quejan de que la UE demuestra todo menos estar unida, señalando con sorna cómo en “la desunida Europa” cada nación dice sálvese quien pueda.
“Alemania puso en marcha 575 mil millones de dólares de préstamos subvencionados a las empresas; en cambio, otros países como Italia decidieron saltarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE”, indica la BBC.
Hasta la fecha la UE no logra repartir los 2.1 billones de dólares por concepto de rescate aprobados desde julio pasado; se trata de un fondo histórico conocido como NextGenerationEU.
Green New Deal
Mientras, del otro lado del Atlántico, en la Unión Americana, el presidente Joe Biden propuso un ingente plan de estímulos por 1.9 billones de dólares y un programa de reconstrucción y modernización de infraestructuras por dos billones de dólares más.
Ningún otro país, ninguna otra economía tiene un programa tan amplio y agresivo con base en dos pinzas para relanzar el PIB y sostener ese crecimiento en el tiempo: los estímulos favorecen el gasto y el consumo, mientras las inversiones en infraestructura crean empleo.
Ni Rusia ni China han puesto en vigor un paquete de ese tamaño y tan bien eslabonado. Biden mantiene una visión de estadista y se muestra empeñado en realizar “reformas estructurales” necesarias para que la economía estadunidense salga más robusta y fortalecida para seguir en el liderazgo económico mundial.
En la gran recesión de 2008 el entonces presidente Barack Obama, también del Partido Demócrata, implementó un programa de estímulos por 787 mil millones de dólares consistente en incentivos fiscales por 300 mil millones de dólares para personas y empresas; un total de 250 mil millones de dólares en ayudas directas para personas y familias en dificultades, y 200 mil millones de dólares para mejorar una serie de infraestructuras en EU, entre otros rubros.
Se dijo entonces que era el mayor programa desde que Franklin Delano Roosevelt estableció el suyo propio igualmente en tiempos extraordinarios para contrarrestar los rápidos efectos de un deterioro social por la afectación en las personas, familias y empresas.
Ese cortafuegos se formuló con base en dos marcos conocidos como New Deal (Nuevo Trato) entre 1933 y 1938, una medida de respuesta ante los daños provocados por la Gran Depresión de 1929.
Pues bien, es ahora la administración Biden la que impulsa el mayor programa histórico y ambicioso de estímulos y de inversiones hasta ahora conocido; tan relevante que solo su plan de estímulo de 1.9 billones de dólares representa 40% del presupuesto federal y cerca de 9% del PIB.
La batería de medidas son vitaminas para sacar al enfermo de cuidados intensivos y ponerlo en forma a toda velocidad: hay bonos en subsidios por 300 dólares en desempleo; cheques de mil 400 dólares para las personas de menos recursos; deducciones fiscales a familias y personas con hijos; así como créditos blandos, ayudas y subsidios a empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas.
El plan de gobierno no olvida a las comunidades indígenas ni a los comedores escolares, las personas solas o discapacitadas. Hay hasta ayudas al alquiler y muchos cheques y transferencias de dinero que llegan directamente a las personas y a las familias. En materia social Biden ha puesto a la pobreza infantil y a la cobertura sanitaria como objetivos prioritarios, una continuación del Obamacare suspendido durante los cuatro años de mandato del republicano Donald Trump.
“El plan de rescate eleva la desgravación anual por hijo de seis a 17 años a tres mil dólares; son mil más que antes del plan; y a tres mil 600 dólares para los menores de seis años; la medida se amplía a los hogares con menores ingresos que no participaban en la bonificación por no tributar o bien hacerlo mínimamente”, señala la Casa Blanca.
La introducción de este cambio será un auxilio para la parte de la clase media con ingresos anuales de 51 mil a 91 mil dólares al año y podrán experimentar un incremento de 5.5% en sus ingresos netos.
Todos hablan de un programa sin precedentes y ponen sus esperanzas en que permitirá sostener el crecimiento norteamericano a mediano plazo, aunque algunas voces advierten sobre una salida de la crisis con un altísimo endeudamiento y un abrupto calentamiento de la economía con una inflación disparada: el Índice de Precios al Consumidor en EU registró en abril su mayor alza en más de doce años al ubicarse en 4.2 por ciento.
Sin embargo, desde el ámbito internacional las economías más interrelacionadas con el aparato productivo y exportador-importador estadunidense celebran que esa inyección de recursos se traduzca en consumo y que las empresas ante la demanda vuelvan a reactivar sus pedidos de importación.
De acuerdo con el informe realizado por Euler Hermer y Allianz e intitulado Covid-19: Quarantined Economics por cada 1% que EU aumenta la demanda doméstica sus importaciones lo hacen 2.6 por ciento.
Después está un ambicioso plan de infraestructuras que llama a la modernización del país y a adecuarlo a una economía más verde y menos contaminante.
“China desde hace décadas gasta tres veces más en inversiones públicas en infraestructuras, mientras que EU pasó de destinar 2.7% de su PIB a 0.7% a dicha asignatura; hay décadas de desinversión, un gran déficit para la potencia mundial”, indica la American Society of Civil Engineers.
Hay ahora dos billones de dólares para ser invertidos durante tres quinquenios. Varios políticos afines a Biden califican el plan como el gran Green New Deal y otros como el mecanismo para retomar el liderazgo frente a China.
¿En qué consiste el plan de infraestructuras? En construir carreteras, puentes, puertos y aeropuertos mediante una dotación de 621 mil millones de dólares; mejorar el transporte público y ferroviario con 165 mil millones de dólares; también impulsar estaciones para la recarga eléctrica de vehículos, agua potable, actualización de la red eléctrica, extensión de la banda ancha, de la fibra 5G, atención de las áreas rurales sin internet o con poco suministro y remozamiento de edificios públicos; otro punto relevante es el cambio climático con partidas por 174 mil millones de dólares, sobre todo para vehículos eléctricos; y para un paquete de Investigación, Desarrollo e Innovación ( I+D+i), 180 mil millones de dólares.
Lo novedoso es que se destinarán 400 mil millones de dólares a “infraestructura humana” en aras de atender un déficit en la conciliación familiar y otorgar permisos remunerados a nivel nacional para el cuidado de hijos o bien de familiares.
Biden decidió que una parte de este “paquetazo” se financie mediante un incremento en el impuesto de sociedades, que pasará de 21 a 28%, y dice abiertamente que está a favor del impuesto mínimo global actualmente en debate en varios países y que fomentan los organismos financieros internacionales.
La nueva visión de Biden es la vieja visión de John Maynard Keynes: la antigua fórmula de abrir y cerrar pozos para contratar gente, generar empleo, dar ingreso, dinamizar el consumo y reactivar el círculo empresarial; generar un círculo virtuoso que después, como la propia literatura económica advierte y la realidad lo demuestra, traerá aparejados en el mediano plazo periodos de inflación y de sobrecalentamiento económico.
Europa va a su aire
En la Unión Europea la preocupación no es por las infraestructuras, sino por recaudar, recaudar y recaudar. Los ciudadanos reciben un aluvión de malas noticias por una subida de impuestos básicamente condicionada desde Bruselas, porque el Consejo Europeo y la Comisión Europea no piensan soltar el dinero del rescate de 2.1 billones de dólares hasta que los 27 países miembros envíen sus presupuestos ajustados a los requisitos mínimos pactados en los programas de control de déficit y de deuda de la UE.
Los fondos, entre subvenciones, subsidios y préstamos blandos a corto plazo, tienen como finalidad resucitar a la economía de la UE, una de las más afectadas a nivel mundial por el golpe de la pandemia.
En su momento el presidente de España, Pedro Sánchez, demandó un Plan Marshall para las economías europeas más afectadas por la pandemia, una idea a la que se sumaron Grecia, Francia y Portugal.
Dicho rescate, llamado NextGenerationEU, tendrá un presupuesto que se ejercerá entre 2021-2027 y no hay grandes infraestructuras por construir ni por modernizar; el dinero se destinará para los siguientes rubros: lucha contra el cambio climático; temas de mercado único, innovación, economía digital; cohesión, resiliencia, valores, recursos naturales y medio ambiente; migración y gestión de las fronteras; defensa y vecindad, administración pública; modernización de la política agraria común; transición climática; investigación e innovación y programas de salud.
¿Ayudas sociales? Las críticas son abiertas: en países como España el cacareado ingreso mínimo vital es muy limitado, por lo que millones de familias no pueden acceder porque no cumplen con los requisitos exigidos; las personas van reuniendo una cantidad voluminosa de documentación para solicitar el subsidio, que luego se les niega aunque no tengan empleo ni una cobertura por desempleo y estén todos los miembros de la familia en paro. Si aparecen como propietarios de un coche o de su vivienda o de una pequeña cuenta de ahorro el sistema los descarta inmediatamente.
Tampoco hay estímulos efectivos para aliviar la enorme carga a millones de autónomos y de pequeños empresarios, mientras los empresarios de sectores como el turismo y el ocio quedan abandonados a su suerte.
Lo que sí hay son anuncios de impuestos, una lluvia de gravámenes en el país ibérico: en las carreteras se cobrará peaje para que el Estado español recaude tres mil 300 millones de dólares anuales.
Avalado por el Banco de España, el gobierno del socialista Pedro Sánchez estudia de forma inminente subir el Impuesto de Sociedades e introducir impuestos verdes en el uso de los plásticos; asimismo, analiza un alza en el precio de suministros básicos como electricidad, gas y combustibles.
La tónica en España es básicamente la pautada para el resto de las economías de la UE: subir impuestos, elevar precios de básicos y recortar gastos. No son pocos los economistas que creen que el fondo de rescate concebido en la peor crisis reciente quedará diluido en la ineficiente administración pública.
De acuerdo con un artículo de Cinco Días escrito por Juan de Portillo, un informe de EuropeG señala que España habría impulsado estímulos fiscales directos por el equivalente a 4.2% anual de su PIB y alcanzará 6.2% con las ayudas europeas.
“Alemania, el país comunitario más decidido, moviliza 9.7 o hasta 10% con el apoyo comunitario. Por su parte, Reino Unido da estímulos por 12.5% de su PIB, en línea con el plan inicial de EU. Esto quiere decir que los países de la UE se quedan prácticamente en la mitad de lo que han hecho Reino Unido o Estados Unidos”, según la publicación.