Bruselas, Bélgica, 15 de mayo. Cuarenta y seis naciones de Europa y de otros lugares acordaron una nueva interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en casos de migración, incluida la forma en que se aplicaba al controvertido uso de centros de deportación instalados en terceros países.
La declaración política se produjo después de que algunos Estados miembros pidieran enfoques más estrictos para combatir la migración irregular y facilitar las deportaciones.
Grupos defensores criticaron la declaración política, al señalar que podría flexibilizar las prohibiciones contra la tortura y debilitar las protecciones de derechos humanos de Europa para los migrantes.
"La declaración subraya que los Estados tienen el innegable derecho soberano de controlar la entrada y la residencia de nacionales extranjeros, y que es una obligación y una necesidad para los Estados proteger sus fronteras en cumplimiento del Convenio", indicó en un comunicado el Consejo de Europa, después de que la declaración no vinculante fuera adoptada el viernes por los ministros de Exteriores de sus 46 miembros en una reunión en Chisináu, la capital de Moldavia.
Añadió que las naciones "expuestas a llegadas masivas" pueden impulsar nuevos enfoques para disuadir la migración irregular, incluidos "'centros de retorno' en terceros países, y la cooperación con países de tránsito".
El Consejo supervisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el máximo tribunal que protege el convenio de derechos humanos del continente.
La declaración podría debilitar al tribunal y al convenio, sostuvo Chiara Catelli, portavoz del grupo de derechos humanos PICUM, con sede en Bruselas.
"En la práctica, los gobiernos buscan presionar a un tribunal independiente para que debilite protecciones de derechos humanos consolidadas desde hace mucho tiempo con el fin de facilitar las deportaciones, con el riesgo de deportar a personas a lugares donde podrían enfrentar tortura, tratos inhumanos o degradantes, o donde dejarían de recibir atención médica que les salva la vida", manifestó.
"Un sistema de derechos humanos de dos niveles basado en el estatus migratorio es un agravio al principio básico de que los derechos humanos son universales", afirmó Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional.