Brownsville, Texas, Mayo 8.- Debajo de un conjunto de carpas blancas en la frontera entre Estados Unidos y México en Brownsville, Texas, decenas de hombres venezolanos aguardaban. Algunos estaban sentados en las aceras y otros se recargaban sobre barricadas de metal.
Cuando las puertas se abrieron finalmente, la larga fila de hombres avanzó lentamente por el área peatonal rumbo al puente y cruzó el río Bravo hacia México.
Durante las últimas semanas, personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) ha estado organizando estas expulsiones tres veces al día, dado que aproximadamente 30.000 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, han ingresado a Estados Unidos por esta área desde mediados de abril. Esa cifra es muy superior a los 1.700 migrantes que los agentes de la Patrulla Fronteriza hallaron durante las dos primeras semanas de ese mes.
En el otro extremo del estado, en El Paso, las autoridades lidian con otra oleada de migrantes y temen que miles más estén esperando para cruzar.
Todo esto sucede en un momento en que las autoridades estadounidenses se preparan para el fin de una política vinculada a la pandemia de coronavirus —el llamado Título 42 de una ley de salud pública de 1944_, la cual les permitió expulsar rápidamente a muchos migrantes, y cuya eliminación ha agudizado las preocupaciones de que ello derive en un ingreso aún mayor de migrantes sin autorización legal a través de la frontera sur.
“Llevamos bastante tiempo preparándonos y estamos listos. Lo que esperamos de hecho es un incremento. Y lo que estamos haciendo es planificar para diferentes niveles de aumento”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la semana pasada durante una visita al sur de Texas. Pero también hizo énfasis en que la situación en la frontera es “extremadamente desafiante”.
Mayorkas habló desde un lugar en Brownsville donde las autoridades estadounidenses habían colocado una carpa e instalaciones como baños portátiles para los inmigrantes. Dijo que resulta difícil identificar la causa del reciente incremento de venezolanos, pero indicó que Estados Unidos trabaja con México para abordar la situación y pronosticó que “muy pronto” habrá un cambio.
Muchos de los que cruzan la frontera lo hacen por Brownsville, limítrofe con la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. Brownsville se vio sacudida por otra crisis el domingo cuando una camioneta atropelló a un grupo de personas que esperaban en una parada de autobús frente al albergue para migrantes de la ciudad. Ocho personas murieron, en su mayoría hombres de Venezuela.
La estrategia también tiene muchas consecuencias. Estados Unidos propone una norma por la que se limitaría severamente el asilo para migrantes que viajan primero a través de otro país, se revisaría rápidamente a los migrantes que solicitan asilo en la frontera, se deportaría a quienes se considere que no cumplen con los requisitos, y se prohibiría el reingreso por cinco años a los deportados.
Muchas de estas consecuencias han sido criticadas severamente por grupos defensores de los derechos de los migrantes, que incluso han llegado a comparar tales políticas con las del entonces presidente Donald Trump, y consideran que el derecho a solicitar asilo en territorio estadounidense es inviolable.
Gran parte de la estrategia del gobierno de Biden también enfrentará impugnaciones jurídicas en las próximas semanas. Es casi seguro que la norma propuesta para limitar el asilo será blanco de demandas. Y los estados de tendencia republicana quieren detener el uso del permiso humanitario por parte del gobierno demócrata en una escala tan grande.
Además, el gobierno estadounidense ha estado aumentando los vuelos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para expulsar gente del país, vuelos como el que despegó recientemente de un aeropuerto en Harlingen, Texas.