A 15 días de que solicitó la detención provisional con fines de extradición del ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve exfuncionarios más de Sinaloa, la Casa Blanca no cede en su objetivo contra las organizaciones de narcotraficantes.
La presión de Estados Unidos contra México por las organizaciones de narcotraficantes que operan en el país se intensificó de manera drástica a 15 días de que Washington solicitó la detención con fines de extradición del hoy gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; el senador de esa entidad, Enrique Inzunza Cazárez; el expresidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros siete exfuncionarios acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa para presuntamente traficar drogas hacia territorio estadunidense a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional.
En lo que se podría llamar un “martes negro”, el 12 de mayo el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole; y el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, advirtieron en comparecencias ante el Senado y la Cámara de Representantes que la acusación contra Rocha Moya es “solo el comienzo” de acciones futuras contra funcionarios mexicanos supuestamente vinculados a narcotraficantes, y que el gobierno mexicano “intervenga para que nosotros no tengamos que hacerlo”.
En tanto, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Partido Acción Nacional (PAN) formalizó la solicitud para desaparecer los poderes en Sinaloa, ante la crisis institucional y de seguridad por la que atraviesa la entidad.
Para el líder nacional panista, Jorge Romero, procede desaparecer los poderes si existe una imposibilidad de gobernar el estado y si se ha impedido la vigencia del orden jurídico.
“Esto para nosotros evidentemente encuadra con lo que está sucediendo en Sinaloa”, subrayó.
Por lo pronto, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, uno de los diez acusados por EU, fue detenido en territorio de ese país el pasado lunes 11 de mayo.
Como sus coacusados, enfrenta cargos por presunto tráfico de drogas, uso de armas de alto poder y facilitar actividades delictivas.
Mérida Sánchez fue detenido presuntamente en Arizona, dos semanas después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó sus acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Por su lado, el extitular de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, contra quien hay también una solicitud de detención con fines de extradición, se entregó a las autoridades estadunidenses de manera voluntaria.
Y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de Rocha Moya, Enrique Inzunza y los otros ocho implicados en un presunto involucramiento con el Cártel de Sinaloa.
Exhortos
A las constantes amenazas del presidente Donald Trump acerca de que en breve iniciará ofensivas terrestres contra organizaciones de tráfico de drogas y sus afirmaciones de que “los carteles gobiernan México y nadie más”, se sumaron declaraciones recientes del secretario de Guerra y los directores de la DEA y el FBI en sus comparecencias ante representantes y senadores estadunidenses.
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, exhortó al gobierno de México a “dar un paso adelante” contra las organizaciones que trafican drogas, para que Estados Unidos no tenga que intervenir.
Hegseth destacó el trabajo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina contra los cárteles de la droga, al reconocer “la colaboración sin precedentes” que ha tenido México: “Alentamos a Marina y Defensa a continuar colaborando donde sea posible y a hacer más”, puntualizó.
Añadió que esa es la expectativa de Estados Unidos, que el gobierno mexicano “intervenga para que nosotros no tengamos que hacerlo”.
Durante su comparecencia ante la Subcomisión de Defensa de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Hegseth resaltó que la prioridad número uno son el hemisferio occidental y la seguridad nacional, por lo que se instauró la coalición contra cárteles y la persecución de grupos criminales.
Miedo
A su vez, en su comparecencia ante el Senado, el jefe de la DEA, Terry Cole, aseguró que la acusación por narcotráfico contra Rocha Moya “es solo el comienzo” de futuras acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles del narcotráfico.
En la audiencia, el senador republicano por Luisiana, John Kennedy, cuestionó a Cole sobre la acusación presentada por autoridades federales contra Rocha por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El legislador comentó que anteriores gobiernos mexicanos mostraron tolerancia frente a los cárteles y “eso habla mucho sobre lo que están dispuestos a tolerar”.
Cole respondió que “no cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención”.
El titular de la DEA, quien previamente trabajó como agente de esa agencia en Colombia, Afganistán y México, afirmó que funcionarios mexicanos que colaboran con organizaciones criminales son “igual de responsables” de las muertes provocadas por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadunidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera… Y le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, recalcó.
El mismo martes el director del FBI, Kash Patel, aseguró en su comparecencia ante los congresistas que en su opinión los políticos mexicanos tienden a tener vínculos muy cercanos con los cárteles de la droga “en gran medida por el miedo”.
Estos carteles, aseveró, “tienen tanto poder, que los hemos visto allá (en México) secuestrar, decapitar, quemar personas… Creo que es una combinación de miedo y de corrupción, por la influencia que tienen con la cantidad de dinero que ganan del negocio del narcotráfico, por lo cual estamos priorizando derribarlos”.
Rescatar al estado
En México, el PAN formalizó la solicitud de licencia para desaparecer los poderes en Sinaloa debido a la crisis institucional y de seguridad que enfrenta la entidad, lo que aseguró que no es para sancionar a nadie sino para rescatar al estado, a miles de familias que ya no tienen gobernabilidad.
“¿Creen que es gobernable una entidad donde consta que (sus gobernantes) llegaron al poder por el apoyo de los delincuentes? Llegaron, ganaron la elección, porque los apoyaron los delincuentes. Y ya que ganaron, mantuvieron su asociación con la delincuencia organizada para cogobernar Sinaloa”, acusó el dirigente panista, Jorge Romero.
Dijo que su partido propone limpiar a Sinaloa de los poderes ilegítimamente constituidos para dar paso a mujeres y hombres que puedan rescatar y regresar un mínimo de seguridad y de gobernabilidad institucional a la entidad, por lo que el PAN agotará todos los recursos jurídicos y legales a su alcance para que los vínculos de las autoridades con el crimen organizado no queden en la impunidad.
El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, instó en tanto a que se convoque a un periodo extraordinario de manera inmediata para que el Senado declare la desaparición de poderes en Sinaloa.
“Efectivamente estos vínculos, este pacto, esta alianza del crimen organizado con el gobierno, no solamente implica al narcogobernador Rubén Rocha: el problema se extiende al Legislativo, el problema se extiende al Poder Judicial”, aseveró.
Señaló que es falso que no se haya impugnado la elección de 2021 que llevó a Rocha Moya al gobierno, ya que en su momento se denunció que fue una narcoelección e incluso una hoy diputada fue secuestrada.
Advirtió que entonces se pactó con el crimen, que les hizo el trabajo sucio, y hoy se sabe que a cambio le pagaron con posiciones en la policía y la fiscalía.
La senadora Lilly Téllez, por su lado, manifestó que la soberanía de México no radica en narcopolíticos ni criminales y que la orden de extradición de diez funcionarios de Sinaloa es prueba de que hay mucho que corregir en el país.
Desmentido
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realicen “operaciones letales o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.
Resaltó que la cooperación con EU existe, es importante y da resultados relevantes para ambos países, pero precisó que se realiza bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.