A tres años de su arresto en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país concretó todas las pruebas necesarias para iniciar en una corte de Nueva York el juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna, a quien acusa de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa cuando fungió como secretario de Seguridad Pública bajo el mando del expresidente Felipe Calderón.
De acuerdo con especialistas la Fiscalía norteamericana busca consolidar acusaciones contra García Luna por presunta colusión con ese grupo criminal y supuestos nexos del crimen organizado con funcionarios federales durante el sexenio de Calderón podrían ventilarse durante las audiencias, que se prolongarán por al menos tres meses.
A unos días de iniciado el proceso legal con la insaculación del jurado, el exfuncionario mexicano enfrenta tres cargos por tráfico de cocaína y uno más por falsedad de declaraciones. De ser hallado culpable enfrentará un mínimo de diez años de cárcel o la pena más alta, que es pasar el resto de su vida en una cárcel de la Unión Americana.
El resultado del litigio, que involucra por primera vez a un funcionario del más alto nivel del Estado mexicano, estará en manos de un jurado anónimo integrado por doce ciudadanos estadunidenses (y seis suplentes) y del juez Brian Cogan en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, dicen los expertos.
No obstante, agregan, esta disputa legal amenaza con desatar una tormenta política en México si las declaraciones de cerca de 70 testigos entre policías, funcionarios y líderes criminales involucran al expresidente Calderón durante la presentación de pruebas y alegatos entre la Fiscalía y la defensa de García Luna.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, si en el juicio se demuestra que el exfuncionario recibía sobornos también se deberá clarificar si se repartían dichos recursos a otros funcionarios y quiénes se beneficiaban.
Mientras esto sucede, Calderón ha defendido que nunca supo que su secretario de Seguridad tuviera vínculos con el crimen organizado y que si pasó fue a sus espaldas. Por lo pronto, el michoacano obtuvo un permiso de residencia en España, mismo que habría obtenido con apoyo del expresidente José María Aznar desde octubre pasado.
Caso
Durante el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en EU el nombre de García Luna salió a relucir cuando en noviembre de 2018, al comparecer ante el tribunal, Jesús El Rey Zambada —uno de los líderes del Cártel de Sinaloa— aseguró que entregó dos maletas con un total de ocho millones de dólares en sobornos al jefe de la seguridad pública federal entre 2006 y 2012.
En respuesta a estos señalamientos el exfuncionario rechazó las acusaciones: “Es totalmente falso e inverosímil y sin fundamento la versión de un supuesto pago para una designación, donde dada mi gestión y cargo no tenía facultades de designación, vínculo, ni competencia, ni jurisdicción”, explicó en una carta difundida en medios nacionales.
García Luna fue detenido en 2019 y recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), bajo el número de preso 59745-177, según la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Justicia acusó al exsecretario de permitir que miembros del Cártel de Sinaloa actuaran con impunidad a cambio de recibir sobornos multimillonarios a lo largo de sus seis años como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
El documento con la acusación criminal número CR 19-576 detalla que tres de estos cargos se relacionan directamente con una operación criminal organizada, sistemática y trasnacional que fungía desde 2001 y que permitió la introducción de sustancias prohibidas a territorio estadunidense, principalmente cocaína.
De esta manera, la Fiscalía estadunidense que encabeza Richard Donoghue acusa al exfuncionario mexicano de tres delitos: conspiración internacional para distribuir internacionalmente cocaína; conspiración para distribuir y poseer premeditadamente cocaína; y conspiración para importar cocaína. “El acusado, junto con otras personas, conspiró y actuó intencionalmente para distribuir las sustancias prohibidas”, indica la acusación.
El cuarto delito que el fiscal le imputa es haber rendido en 2018 una o más declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), cuando negó estar implicado o haber participado en hechos posiblemente constitutivos de algún delito.
Escenarios
El presidente López Obrador dijo en su conferencia de prensa del miércoles 18 que el caso del expresidente Calderón es “lamentable”, ya que sus predicciones sobre el enjuiciamiento lo involucran.
Añadió que hay tres posibles escenarios para el proceso contra el exfuncionario de seguridad. “Una es que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse; y no solo hablo de la responsabilidad ante la autoridad, sino lo que implica en la conciencia de cada quien; esa es una posibilidad, que sea inocente y que se hayan equivocado o hayan actuado mal quienes lo están juzgando”.
Sobre la segunda hipótesis, el mandatario mencionó que existe la posibilidad de que “García Luna no sea inocente y que Calderón no esté involucrado; que pese a ser cercano al mandatario panista y de toda la confianza, Calderón no se enteró de los presuntos delitos cometidos. Lo que pudo haber sucedido en esa hipótesis es que él (Felipe Calderón) no tuvo cuidado y se dejó engañar o lo engañaron”.
Recordó que García Luna llegó a ser muy poderoso y fuerte, al grado de ser retratado junto a la entonces secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, dentro del centro de mando de la Policía Federal. “Esa foto con la señora Clinton es de una prepotencia sin límite. Es una gente que se siente superior a todo: él es el poder”, expresó.
Finalmente, López Obrador aseguró que una tercera posibilidad es “que el expresidente sabía y está involucrado. Por lo que vamos a esperar que estas cosas se aclaren. No deseo que le vaya mal a nadie”.
Grupo compacto
Sobre el grupo de funcionarios que arroparon a García Luna, la actual Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) realizó una investigación de la que se desprende que de 2006 a 2012 operó con un grupo compacto.
Este lo integraron Armando “N”, titular de Investigación; Francisco “N”, coordinador de Seguridad Regional; Edgar Eusebio “N”, director de Secuestros; Luis Eduardo “N”, titular de Prevención; y Facundo “N”, comisionado de la Policía Federal.
Dicho equipo fue imputado por diferentes líderes criminales como miembros de una red a la que se entregaban sobornos por parte del Cártel de Sinaloa, según la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez.
A Luis Eduardo “N” se le incrimina por el caso Rápido y furioso (contrabando de armas a México) y se encuentra vinculado al delito de tortura, además de que se le considera “el número dos en la estructura de Genaro García Luna”. Ahora se encuentra en un penal de máxima seguridad.
Este séquito de funcionarios se conoció desde que llegaron a laborar al desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), después a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y más tarde en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en 2001, dijo la SSPC.
De esta manera, concluyen los expertos, el desenlace de pruebas, alegatos y declaraciones que entre la Fiscalía y la defensa de García Luna iniciaron de manera formal esta semana se espera para el mes de marzo y podrían tocar de manera indirecta al expresidente Felipe Calderón.