Marfa, Texas, EU, 14 de septiembre. Propietarios de tierras, ganaderos y dueños de negocios en la región de Big Bend, en Texas, junto con una organización sin fines de lucro dedicada a proteger el paisaje y el patrimonio de la zona, están presentando una demanda para frenar los planes del gobierno de Trump de construir un muro y otra infraestructura fronteriza a través de esa remota parte del estado.
La demanda, presentada por Conserve Big Bend y con el respaldo de decenas de propietarios, llega mientras el gobierno intensifica un esfuerzo de 46 mil millones de dólares para cubrir los cerca de tres mil 210 kilómetros de la frontera sur con una combinación de muros de bolardos de acero de 9 metros, barreras viales y tecnología destinada a impedir el ingreso de contrabandistas y migrantes.
En Texas, el esfuerzo se ha topado con numerosas demandas y la oposición bipartidista de alguaciles, funcionarios electos, guías turísticos, grupos ambientalistas y propietarios de tierras.
Los funcionarios que respaldan el muro "están lamentablemente poco preparados para el avispero que agitaron porque no tenían idea de cuánto amamos este lugar", declaró David Keller, un arqueólogo e historiador especializado en Big Bend que vive en la región.
"Para nosotros, Big Bend no es un lugar vacío", expresó. "Es nuestro hogar".
Como parte de sus esfuerzos para construir el muro, el gobierno ha esquivado numerosas regulaciones y leyes diseñadas para proteger el medio ambiente, la arqueología o la vida silvestre, con el argumento de que existe una necesidad urgente de proteger la frontera de "un cuantioso ingreso de inmigrantes ilegales".
Pero la demanda anunciada este día sostiene que, en lo que respecta a la región de Big Bend, esa no es una descripción precisa. Citaron estadísticas históricas emitidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que muestran cuán pocas personas cruzan la frontera en Big Bend en comparación con otras áreas a lo largo de la frontera.
Big Bend tiene alrededor de 804 kilómetros (500 millas): aproximadamente una cuarta parte de la longitud total de la frontera con México desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Pero la región solo representó cerca del 1% de los arrestos, según las estadísticas de la demanda.
Los demandantes argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional está haciendo un uso indebido de facultades otorgadas por el Congreso que permiten al secretario una amplia autoridad para esquivar regulaciones con el fin de construir muros fronterizos u otra infraestructura en áreas donde hay grandes cantidades de personas que intentan ingresar al país ilegalmente.
"Esa determinación es jurídicamente y fácticamente insostenible y carece de sustento", escribieron los demandantes.