Quito, Ecuador, 16 de octubre. Las principales vías del norte de Ecuador seguían bloqueadas al paso vehicular pese a un acuerdo entre representantes del gobierno y los principales líderes indígenas de la provincia de Imbabura, en el marco de una huelga en rechazo a la suba del precio del diésel.
Los líderes comunitarios anunciaron la noche de ayer que se replegaban a sus pueblos luego de que el ministro del Interior, John Reimberg, aceptó, a nombre del gobierno, atender exigencias como la liberación de los detenidos y la sanción de los responsables por la muerte de dos personas en las manifestaciones, entre otras, aunque el pedido de congelar el precio del diésel quedó sin respuesta.
Pero la madrugada de este jueves las vías seguían bloqueadas con árboles, rocas, llantas quemadas y montículos de tierra y con manifestantes custodiando las barricadas. La provincia de Imbabura suma 25 días de virtual aislamiento del resto del país sin el normal abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas.
La agencia The Associated Press buscó un comentario del gobierno ante la persistencia de los bloqueos, pero no obtuvo una respuesta de inmediato.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas —que no fue convocada a la reunión entre el gobierno y dirigentes de Imbabura— señaló en un comunicado que “respeta y respalda acciones territoriales legítimas”, pero llamó a las bases a “no dejarse provocar y dividir”.
El analista y catedrático de la Universidad Andina, Hernán Reyes, dijo a AP que el acuerdo suscrito la víspera muestra que el gobierno “no entiende las profundas demandas de las comunidades”.
“La posición de confrontación del gobierno atiza la llama del descontento de la población indígena” porque no toma en cuenta problemas estructurales como “la situación de pobreza, marginalidad y falta de oportunidades que tiene”, añadió.
En las primeras horas de esta jornada también se han registrado algunas protestas y bloqueos de carreteras en las provincias de Pichincha, al norte del país, y Cañar y Loja, al sur; según la policía.
El 12 de septiembre el presidente Daniel Noboa dispuso la eliminación del subsidio estatal al precio del diésel, con lo cual el valor de cada galón pasó de 1.80 a 2.80 dólares. Una semana más tarde esa confederación indígena decretó un paro nacional en contra de esa decisión.
Desde entonces las protestas, convertidas en bloqueos de carreteras, llegaron a ejecutarse hasta en seis provincias, pero progresivamente fueron reduciéndose hasta dejar a Imbabura como el epicentro de la resistencia, lo que ocasionó que poblaciones como Otavalo, Ibarra y Cotacachi, entre otras, se mantengan en virtual estado de sitio.
La dirigencia indígena ha señalado que los brotes de violencia y ataques de los que la acusan las autoridades son causados por infiltrados que buscan deslegitimar la protesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó esta semana al gobierno a “establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino” con los manifestantes e indicó que tomó nota de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y también de los manifestantes.
Las protestas han dejado hasta el momento dos muertos, decenas de heridos —entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad— y unos 140 detenidos.
El gobierno defiende la eliminación del subsidio con el argumento de que es necesaria para contrarrestar el contrabando de combustible por las fronteras con Colombia y Perú, y asegura que ahora los recursos se destinarán directamente a zonas necesitadas.