Ciudad de México, a 19 de enero. La Presidencia de la República publicó este lunes 19 de enero en el Diario de Centro América, el Decreto 1-2026, que declara el estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días.
La medida fue anunciada por el presidente Bernardo Arévalo en cadena nacional tras motines registrados en tres cárceles, que derivaron en ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC), con saldo de nueve agentes muertos en 13 hechos violentos.
El sábado 17 de enero hubo motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2; y en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, donde el orden fue retomado el domingo, y se liberó a los rehenes.
En su justificación, el Gobierno afirma que la declaratoria de estado de sitio se establece al comprobarse la existencia de acciones coordinadas de grupos autodenominados maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos ataques armados contra autoridades civiles, ante la negativa oficial de ceder a exigencias fuera del marco legal de personas privadas de libertad. La situación pone en riesgo a los habitantes de la República y al orden público.
Durante la vigencia del estado de sitio, se podrán aplicar, en los casos estrictamente necesarios, las siguientes medidas:
Limitar o impedir la celebración de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos, incluso si fueren de carácter privado.
Disolver por la fuerza cualquier reunión, grupo o manifestación pública no autorizada o que, aun autorizada, se lleve a cabo portando armas o elementos de violencia, previa advertencia. Si los participantes se niegan a disolverse, se actuará en consecuencia.
Disolver por la fuerza, sin advertencia previa, toda reunión o manifestación pública en la que se utilicen armas o actos violentos.
Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en determinados lugares, zonas u horarios; impedir su salida de ciertas poblaciones o someterlos a registro, conforme a las disposiciones emitidas por la autoridad competente.
Exigir el auxilio o los servicios de particulares, sin distinción de fuero o condición, para mantener el funcionamiento de los servicios públicos o aquellos considerados necesarios.
Ordenar, sin necesidad de mandamiento judicial, la detención o confinamiento de toda persona sospechosa de alterar el orden público por hechos vinculados a la declaratoria o de ejecutar o incitar acciones relacionadas.
Repeler o reprimir, por medios preventivos, defensivos u ofensivos, cualquier acción contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas dictadas para restablecer la normalidad.
Nueve
Guatemala honraba el lunes a los policías muertos en varios ataques presuntamente orquestados por pandilleros, luego de que el fin de semana las fuerzas de seguridad retomaron el control de prisiones donde se produjeron motines
El lunes el país despertó con derechos constitucionales restringidos luego de que el presidente Bernardo Arévalo firmó un decreto declarando el estado de sitio durante 30 días en todo el territorio nacional, que deberá ser aprobado o rechazado por el Congreso. Sin embargo, puede entrar en vigor antes de que se lleve a cabo esa votación.
La Constitución permite tal declaración en casos graves de violencia e insurrección.
Algunas zonas del país también fueron reforzadas con patrullajes combinados de las fuerzas de seguridad —policías y militares—.
El domingo presuntos pandilleros asesinaron a siete policías en una aparente represalia porque las autoridades habían retomado el control en el suroeste del país de una de las tres prisiones de máxima seguridad donde los reclusos se habían amotinado y tomado rehenes el día anterior.
Los ataques contra la policía en Ciudad de Guatemala y sus alrededores ocurrieron después de que cientos de agentes antidisturbios irrumpieron en la prisión de Renovación, en Escuintla, a unos 76 kilómetros al suroeste de la capital, para liberar a nueve guardias que habían sido tomados como rehenes. Los líderes de pandillas encarcelados a menudo ordenan a los miembros que se encuentran fuera de los muros de la prisión que llevan a cabo ataques de represalia.
David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, confirmó a The Associated Press que en la madrugada murió un agente policial que había sido herido de gravedad, sumando ya nueve policías fallecidos.
"Hay varios heridos que se encuentran en situación crítica, operaciones. Algunos también sufren de amputaciones debido a los ataques", dijo Custodio Boteo.
Los agentes fallecidos tenían entre 28 y 46 años. Frente a seis féretros en la sede del Ministerio de Gobernación, el presidente les rindió honores leyendo sus nombres y llamándolos “héroes”.
“Hoy me duele entregarle a cada una de las familias esta bandera (de Guatemala), símbolo de una patria que no olvidará el sacrificio y compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento de su deber”, dijo el presidente Arévalo.
“Detrás de cada uniforme hay una familia, hay una mamá, un papá, hijos, hijas, hermanas y hermanos, había vida, había sueños y había esperanza y había sobre todo un respeto profundo por la institución”, dijo entre lágrimas y con la voz cortada el ministro de Gobernación, Marco Villeda.