Austin, Texas, 6 de noviembre. Un juez federal de Texas accedió a desestimar un cargo de asociación delictuosa contra Boeing en relación con dos accidentes de aviones 737 Max que causaron la muerte de 346 personas.
En una decisión emitida por escrito, el juez federal de distrito Reed O'Connor aprobó la solicitud del gobierno federal para desestimar su caso contra Boeing como parte de un acuerdo en el que el fabricante de aviones deberá pagar o invertir mil 100 millones de dólares adicionales en multas, además de compensar a las familias de las víctimas del accidente y establecer medidas internas de seguridad y calidad.
El fallo se produjo tras una emotiva audiencia realizada a principios de septiembre, cuando los familiares de algunas de las víctimas instaron a O'Connor a rechazar el acuerdo y nombrar a un fiscal especial para hacerse cargo del caso.
Todos los pasajeros y miembros de la tripulación murieron cuando los aviones se estrellaron frente a la costa de Indonesia y en Etiopía, en 2018 y 2019 respectivamente, con menos de cinco meses de diferencia. Los fiscales afirmaron que Boeing engañó a los reguladores gubernamentales sobre un sistema de control de vuelo que luego fue implicado en los vuelos fatales.
El prolongado caso ha tenido muchos giros y vueltas desde que el Departamento de Justicia acusó por primera vez a la compañía aeroespacial estadunidense, en enero de 2021, de defraudar al gobierno de Estados Unidos, e incluyó un fallido acuerdo que habría exigido que Boeing se declarara culpable. Ese acuerdo fracasó después de que O'Connor no lo aprobara.
Las aerolíneas comenzaron a volar el Max en 2017. Después del accidente en Etiopía, los aviones fueron inmovilizados en todo el mundo durante 20 meses mientras la compañía rediseñaba el software de control de vuelo.
Según sus propias declaraciones, el Departamento de Justicia creía que el más reciente acuerdo servía al interés público de manera más efectiva que llevar el caso a juicio y arriesgarse a un veredicto del jurado que podría eximir a la compañía de un castigo adicional. También indicó que las familias de 110 víctimas del accidente apoyan la resolución del caso antes de que llegue a juicio o no se oponen al acuerdo.
Mientras tanto, más de una docena de familiares hablaron en la audiencia del 3 de septiembre, algunos de los cuales viajaron a Texas desde lugares tan lejanos como Europa y África. Forman parte de las casi 100 familias que se opusieron al acuerdo.
Catherine Berthet, quien viajó desde Francia, pidió al juez que enviara el caso a juicio.
"No permita que Boeing compre su libertad", señaló. Su hija, Camille Geoffroy, murió cuando un 737 Max se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba, en Etiopía.
El caso se centra en un sistema de software que Boeing desarrolló para el 737 Max, que comenzó a volar en 2017.
En ambos accidentes, ese software inclinó repetidamente la nariz del avión hacia abajo basándose en lecturas defectuosas de un solo sensor, y los pilotos que volaban para Lion Air y Ethiopian Airlines no pudieron recuperar el control. Después del accidente en Etiopía, los aviones fueron inmovilizados en todo el mundo durante 20 meses.
Los investigadores encontraron que Boeing no informó al personal clave de la Administración Federal de Aviación sobre los cambios que había realizado en el software antes de que los reguladores establecieran los requisitos de entrenamiento para pilotos del Max y certificaran el avión para volar.