Hasta la Torre Eiffel se iluminó, no con un mensaje en francés, sino en inglés: My body, my choice, para celebrar por todo lo alto que el aborto en Francia ha quedado consagrado como un derecho inalienable a las mujeres en la Constitución. Son libres para hacerlo sin ninguna traba, sin ningún cuestionamiento; solo basta que sea una decisión voluntaria y no consensuada con nadie.
Para el presidente Emmanuel Macron se trata de uno de los grandes éxitos de su administración, una jugada política a tres bandas: se reconcilia con las mujeres de la izquierda más radical que venían cuestionándolo; rebaja las críticas contra su gobierno por parte de los sectores más progresistas franceses; y ha logrado que hasta la ultraderecha de Marine Le Pen, que ella lidera en Agrupación Nacional, termine votando por la reforma al artículo 34 de la Constitución francesa para añadir el derecho al aborto en la Carta Magna.
Se trata de esa ultraderecha con vínculos con los grupos provida que siempre ha renegado del aborto, al que ha señalado no pocas veces como un crimen cometido contra los nonatos.
La iniciativa de Macron (que fue resultado de una promesa de campaña en 2022) arrasó en el Hemiciclo francés logrando lo imposible: que la mayoría de los 18 grupos políticos, diez de la cámara baja y ocho de la cámara alta, aprobasen dicha reforma por 81% de los votos.
Enmendar la Constitución es un proceso laborioso y un evento raro en Francia, que requiere de un referendo o bien de una mayoría de tres quintos de los votos en el Parlamento después de que ambas cámaras acuerden un lenguaje común.
Desde su promulgación en 1958 la Constitución francesa ha sido modificada 17 veces; la última fue en 2008, cuando se otorgaron más poderes al Parlamento y a los ciudadanos franceses se les concedió el derecho a presentar sus quejas ante el Tribunal Constitucional.
En la más reciente reforma se añadió un párrafo al artículo 34: “La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad de la mujer para interrumpir voluntariamente el embarazo y que está garantizada”.
Ya El Vaticano puso el grito en el cielo y los grupos antiabortistas galos salieron a protestar en defensa de la vida, pero por lo pronto la presión es bastante nimia; a su vez, los obispos franceses reiteraron que el aborto “sigue siendo un ataque a la vida humana”, que debe ser protegida desde su inicio y que no puede verse exclusivamente desde la perspectiva de los derechos de las mujeres.
La Conferencia Episcopal de Francia expresó su tristeza al conocer el resultado de la votación del Senado, en la que solo 50 senadores votaron contra el texto propuesto.
Si bien reconocieron las dificultades que pueden obligar a algunas mujeres a recurrir al aborto, los obispos lamentaron que las medidas de apoyo para las madres con problemas económicos no se hayan discutido en el debate.
Los obispos de Francia ya habían expresado su oposición al texto propuesto en una declaración publicada durante su asamblea plenaria en noviembre de 2023, titulada Toda vida es un don.
El arzobispo de Lyon, Olivier de Germay, denunció lo que llamó “una negación de la democracia”, subrayando la dificultad de expresar opiniones sobre este tema sin incurrir en el riesgo de ser atacado por medios de comunicación.
A su vez, en una entrevista con el periódico católico La Croix, el arzobispo de Poitiers, Pascal Wintzer, deploró que “la muerte parece más protegida que la vida. Como católicos debemos continuar sirviendo a la vida desde la concepción hasta la muerte, ser artesanos del respeto por cada ser humano, que siempre es un don dado a todos los demás; y apoyar a las mujeres que eligen quedarse con su hijo incluso en circunstancias difíciles”, aseveró.
Libertad
Para Macron, en cambio, la medida es un orgullo francés que además tiende a enviar un “mensaje universal”. De hecho, se comprometió a liderar la lucha para “hacerlo extensible al resto del mundo” y adelantó que pedirá a la Unión Europea (UE) incluir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales eurocomunitaria.
Argumentó en su introducción al proyecto de ley que el derecho al aborto está amenazado en Estados Unidos. “Desgraciadamente, este hecho no es aislado: en muchos países, incluso en Europa, hay corrientes de opinión que pretenden obstaculizar a toda costa la libertad de las mujeres para interrumpir su embarazo si así lo desean”.
El aborto fue despenalizado en Francia en 1975 bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing. Según el gobierno de Macron, la nueva medida es una respuesta al reciente retroceso del llamado derecho al aborto en EU, luego de que la Corte Suprema anuló en 2022 el fallo Roe vs. Wade que protegía el aborto a nivel nacional desde 1973.
En vísperas de la histórica votación, el primer ministro Gabriel Attal se dirigió a los legisladores reunidos en la sesión conjunta en Versalles y les pidió que hicieran de Francia un líder en los derechos de las mujeres y un ejemplo en la defensa de los derechos de las mujeres para los países de todo el mundo.
“Tenemos una deuda moral con las mujeres. Es la hora de honrar a Simone Veil, una destacada legisladora, exministra de Salud y feminista clave, quien en 1975 defendió el proyecto de ley que despenalizó el aborto en Francia. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia y hacer que Veil se sienta orgullosa”, dijo.
Ninguno de los principales partidos políticos franceses representados en el Parlamento cuestionó el derecho al aborto, incluidos el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, de Le Pen, y el partido conservador Les Républicains.
Desde que Le Pen disputó en 2022 la segunda vuelta con Macron y quedó a una distancia de menos de diez puntos de él, ha comenzado a edulcorar las posturas más recalcitrantes de la ultraderecha con la finalidad política de tener más asiduos y posibles votantes en otros espectros más centristas, moderados y menos radicalizados.
Así es que sorpresivamente Le Pen y su partido se sumaron a votar a favor del proyecto de ley: de los 91 diputados de Agrupación Nacional, 49 votaron a favor del proyecto, once en contra y 20 se abstuvieron.
Temor
Con la Ley Veil de 1975, en Francia se practicaba un aborto inducido o bien una interrupción voluntaria del embarazo legal a petición de la mujer en las primeras doce semanas del embarazo.
Después del primer trimestre dos médicos debían certificar que el aborto pudiera practicarse, a fin de prevenir lesiones permanentes graves para la salud física o mental de la mujer.
A partir de 1982 los abortos se vienen realizando en el sistema de seguridad social primero respetando las doce semanas y luego extendiéndose hasta las 14 semanas.
Después de estas semanas dos médicos deben certificar que, ya sea por la salud de la mujer o por una grave enfermedad del feto, es recomendable suspender el embarazo. Desde 1994 la ley francesa exige que los centros de diagnóstico multidisciplinario certifiquen que los defectos de nacimiento son lo suficientemente graves como para realizar el aborto después de las 14 semanas.
Ahora bien, el derecho al aborto cuenta con un amplio apoyo entre la opinión pública francesa: una encuesta reciente mostró un apoyo de más de 80%, en consonancia con encuestas anteriores; la misma encuesta también mostró que una sólida mayoría de personas está a favor de consagrarlo en la Constitución.
Francia es dentro de la UE el país con mayores tasas de aborto. Con su defensa desde la Constitución se teme que aumenten nuevamente las tasas y que incluso haya un efecto para convertir al país galo en el principal centro abortista de Europa.
Sarah Durocher, líder del movimiento de planificación familiar francés, cree que esta clara victoria para las feministas es una derrota para todas las activistas antiabortistas y que tendrá consecuencias irrefutables en la sociedad.
De acuerdo con la Dirección de Estadísticas, en 2021 hubo 222 mil abortos voluntarios, sobre todo en jóvenes de 20 a 29 años. Faltan las cifras más actuales después de que en 2022 el Parlamento aprobó la ampliación desde las doce hasta las 14 semanas.
Esta modificación se realizó para evitar que, cada año, entre tres mil y cinco mil mujeres en Francia viajasen al extranjero para abortar tras haber superado el plazo legal.
Alerta de la OMS
Desde Ginebra, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que cada año se producen alrededor de 73 millones de abortos inducidos en todo el mundo: seis de cada diez (61%) de todos los embarazos no deseados y tres de cada diez (29%) de todos los embarazos terminan en aborto inducido.
“Alrededor de 45% de todos los abortos son inseguros, de los que 97% tiene lugar en países en desarrollo. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte y morbilidad materna, pero prevenible. Puede dar lugar a complicaciones de salud física y mental y a cargas sociales y financieras para las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud”, de acuerdo con el organismo.
La atención integral del aborto está incluida en la lista de servicios esenciales de salud publicada por la OMS en 2020: “El aborto es una intervención de atención médica que puede ser manejada por una amplia gama de trabajadores de la salud utilizando medicamentos o un procedimiento quirúrgico”.
Esa atención integral del aborto incluye la provisión de información, la gestión del aborto y la atención postaborto. Abarca la atención relacionada con el aborto espontáneo (aborto espontáneo y aborto no practicado), el aborto inducido (la interrupción deliberada de un aborto espontáneo); así como el embarazo por medios médicos o quirúrgicos; el aborto incompleto y la muerte fetal intrauterina.
Los países soportan la carga de 97% de todos los abortos inseguros. Más de la mitad de estos ocurre en Asia, la mayoría de ellos en el sur y el centro. En América Latina la mayoría (aproximadamente tres de cada cuatro) de todos los abortos son inseguros. En África casi la mitad de todos los abortos se producen en las circunstancias menos seguras.
Cada año entre 4.7 y 13.2% de las muertes maternas pueden atribuirse al aborto inseguro; en las regiones desarrolladas se estima que mueren 30 mujeres por cada 100 mil abortos practicados en condiciones de riesgo y en las regiones en vías de desarrollo esa cifra se eleva a 220 muertes por cada 100 mil habitantes al año.
Tras los pasos de Francia van surgiendo presiones de incluir el derecho al aborto en la Constitución en países como España, que tiene la intención de ubicarse dentro del bloque de los más progresistas.
Diversos grupos feministas ya dejaron caer que es momento de que sea discutido en el Congreso de los Diputados, aprovechando que las fuerzas de izquierda y de ultraizquierda suman mayoría respecto del bloque de centroderecha del Partido Popular y la ultraderecha de VOX.
Macron cree que, tras el ejemplo de Francia, habrá muchos países que secundarán este tipo de reformas no solo en Europa sino también en América Latina.
Biden promete hacer más por el aborto
En su pasado discurso sobre el Estado de la Unión el presidente estadunidense Joe Biden prometió hacer más por combatir las leyes antiaborto que han proliferado en buena parte de ese país.
Al menos 21 estados prohíben el aborto o restringen el procedimiento en una etapa más temprana del embarazo que el estándar establecido por la Ley Roe vs. Wade, que reguló los derechos reproductivos durante casi medio siglo hasta que la Corte Suprema anuló la decisión en junio de 2022.
En algunos estados la lucha por el acceso al aborto todavía se lleva a cabo en los tribunales, donde los defensores han contrademandado con la finalidad de bloquear las prohibiciones y restricciones. Otros estados se han movido para ampliar el acceso al aborto agregando protecciones legales.
¿De qué va el caso Roe vs. Wade? Se trató de un litigio ocurrido en 1973, cuando la Corte Suprema de EU dictaminó que la Constitución norteamericana protege la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales.
“Se anularon muchas leyes federales y estatales sobre el aborto y provocó un debate nacional sobre si el aborto debe ser legal y hasta qué punto; quién debe decidir la legalidad del aborto; qué métodos debe utilizar la Corte Suprema en la adjudicación constitucional; y cuál debe ser el papel de las opiniones religiosas y morales en la esfera política”, de acuerdo con información del diario The New York Times.