En España, más que una sesión de investidura, lo que se vivió el 15 de noviembre fue un auténtico circo político, pero al final Pedro Sánchez consiguió una mayoría absoluta en el Congreso: 179 votos, para quedarse otros cuatro años más en La Moncloa.
Lo hizo, fundamentalmente, con la ayuda de los partidos políticos entre republicanos e independentistas catalanes, los nacionalistas gallegos y nacionalistas vascos. Todos los que quieren romper a España.
En el Congreso, cuna de la democracia española que acumula 44 años de vigencia, se profirieron reproches altisonantes y recriminaciones contra Sánchez, al que los partidos de la derecha calificaron de ambicioso y de anteponer sus intereses personales a los de la nación y la democracia. La ultraderecha no ahorró descalificativos y lo llamó varias veces dictador, golpista e incluso lo comparó con Hitler.
“Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez, y solo después maniobró para liquidar la democracia. Es historia, yo entiendo que les pueda molestar”, destacó Santiago Abascal, líder de VOX.
En la calle, el griterío de varios centenares de personas exigía a Sánchez una repetición electoral y le acusaba de “vender a España” a los grupos independentistas a cambio de sus votos durante el proceso de investidura: esta vez ha sido clave para conservar el poder (a pesar de haber perdido las elecciones generales el pasado julio) una amalgama de pactos con los partidos ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, que sumados a los 121 escaños del PSOE y los 31 de Sumar aportaron la diferencia para conseguir esos 179 escaños.
En los alrededores la circulación se mantuvo controlada y los accesos blindados a más no poder; las fuerzas de seguridad evitaron a toda costa que la multitud rodease el Congreso.
Hay furia en la calle y rabia entre los miembros del Partido Popular (PP), cuyo líder, el gallego Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones generales en julio pasado pero sus 136 escaños, ni siquiera sumados a los 33 de VOX, un escaño de Coalición Canaria y el de UPN, le sirvieron para investirse, ni por la mayoría absoluta, ni por la mayoría simple. Así son las monarquías parlamentarias y España es una.
“Yo he ganado las elecciones y usted las ha perdido dos veces, aunque es verdad que sus pactos con partidos incluso como Bildu, a pesar de lo que es Bildu para nuestra memoria, los ha usado usted para quedarse como presidente”, espetó Feijóo en un Congreso completamente fragmentado.
En presencia de todos los legisladores, Sánchez afeó la victoria electoral del líder del PP y llegó a reírse abiertamente y a carcajadas, mostrando su lado más sombrío con un tono cínico contra Feijóo: “Aquí el único ganador soy yo”.
Usted, añadió el líder del PSOE con una sonrisa de oreja a oreja, “es un falso ganador y un real perdedor. Le recuerdo que para ser presidente del gobierno hay que conseguir 176 votos y a usted no le han salido las cuentas por su incapacidad para formar mayorías parlamentarias”.
Es tan profunda la fractura política en España, que la Legislatura recién instalada podría ser muy corta y, además, amenaza con causar un embudo en el proceso legislativo: Sánchez tiene una alianza con la ultraizquierda de Sumar y con los partidos catalanes republicanos e independentistas como son ERC y Junts, así como los nacionalistas vascos del PNV, los etarras de Bildu y los nacionalistas gallegos del BNG; y también con Coalición Canaria. Todos le han pedido a cambio una larga lista de concesiones.
No obstante, en el Senado la mayoría la tiene el PP, que ya anunció que rebotará todas las iniciativas de ley y reformas que pretendan implementar la famosa amnistía concedida por Sánchez dentro de las negociaciones con los partidos independentistas catalanes para obtener sus votos para ser presidente; todo a cambio de un borrón y cuenta nueva para los presos políticos y condenados, desde 2012 a la fecha, por temas ligados con los intentos por proclamar la independencia de Cataluña, así como acciones tendientes a crear resistencia ciudadana o bien boicotear a España dentro del territorio catalán.
La amnistía a los presos del llamado Procés (el referendo ilegal secesionista de Cataluña del 1 de octubre de 2017) tramado por Carles Puigdemont, entonces presidente del Govern catalán, ha unido a jueces, magistrados, despachos de abogados, constitucionalistas y grupos civiles para entablar una serie de demandas contra Sánchez a fin de frenar que la amnistía pueda ser una realidad porque socava al Poder Judicial y a la Constitución. De hecho, preparan denuncias ante los tribunales en la Unión Europea (UE).
Además, se envía un mensaje muy negativo para el mundo de la economía, como subrayó Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales al considerar que la amnistía es un ofrecimiento unilateral pactado entre un presidente en funciones con una serie de grupos políticos, con la única finalidad de preservar su poder como presidente por cuatro años más.
“Esta acción es un pésimo mensaje a los mercados, a los empresarios y a los inversores. No nos conviene para nada porque solo contribuirá a la fuga de capitales,; nadie quiere invertir en un país en el que no se respetan el Estado de Derecho y el marco jurídico; las leyes no pueden depender de la voluntad de un solo hombre; para eso está la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”, de acuerdo con el empresario español.
Más dádivas
Sánchez ha acusado tanto al líder del PP como al de VOX de sacar a la gente a la calle para llevar a cabo una serie de protestas a fin de llamar la atención de la prensa extranjera. Lo cierto es que en las últimas dos semanas todos los días en la calle de Ferraz, sede del PSOE, hay una multitud protestando contra el pacto de amnistía; y los fines de semana los zócalos y plazas de las principales ciudades se llenan de cientos de personas que acusan a Sánchez de traidor y de golpista.
“España no se va a romper. Ese es el discurso de la derecha para confundir a los ciudadanos, llevan años diciéndolo y simplemente aquí estamos, no ha pasado”, repite Sánchez insistentemente.
En su discurso ante el Congreso, el día de la investidura, el líder socialista dejó claro que el problema de España pasa porque hay un bloque reaccionario conformado por la derecha y la ultraderecha que busca detener los avances sociales y de género, contra otro bloque, el de los progresistas, que enarbola una agenda social y feminista.
“Seguiremos teniendo la agenda más feminista y progresista de la UE para proteger a las mujeres, a los jóvenes y a los trabajadores para que mejoren su calidad de vida. Y sí, los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que hasta ahora”, dijo un Sánchez desafiante.
De algún lado tendrá que salir todo lo que ha prometido el ya presidente electo para los cuatro próximos años, porque recién anunció una ambiciosa agenda social. Y es que habrá que hacer aritmética en los presupuestos con todo lo que Sánchez ha prometido: a partir del 1 de enero el transporte público colectivo, incluyendo trenes y autobuses, será gratuito para menores, jóvenes y desempleados; y hasta junio próximo se extenderá la reducción del IVA de 4% en alimentos básicos como pan, leche, huevos, frutas y verduras y de 5% en aceite y pasta.
Con su socia de gobierno principal, Yolanda Díaz, que antes era de Unidas Podemos y ahora lidera Sumar, ha prometido reducir la jornada laboral a 37.5 horas y avanza que habrá un nuevo estatuto de los trabajadores para garantizar por ley la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional, manteniéndolo en 60% del salario medio.
También incrementará el bono del alquiler para los jóvenes que todavía no se han emancipado de sus padres, en un momento en que el precio de los alquileres en España está por las nubes. Persiste una falta de certezas jurídicas en el mercado inmobiliario del alquiler porque las leyes actuales (tocadas por Unidas Podemos en la anterior Legislatura) protegen más al arrendador que al arrendatario; así, los dueños de las viviendas prefieren ponerlas en alquiler vacacional.
La organización Provivienda señala que los problemas de asequibilidad de la vivienda están convirtiendo en pobres a muchos hogares con rentas medias e indica que al menos 17% de los hogares queda en situación de pobreza severa tras pagar la hipoteca o el alquiler.
En materia de vivienda el gobierno sanchista se ha comprometido a construir 183 mil viviendas públicas e incrementar los incentivos fiscales para favorecer los alquileres cuyos precios ya han topado hace dos años.
Para los menores se plantea una reforma legal que elimine la prescripción en los casos de abusos sexuales y habrá un fondo para compensar a las víctimas de abusos perpetrados por la Iglesia católica: el Defensor del Pueblo estima en 440 mil las víctimas de pederastia en España.
Modelo autonómico
También habrá un nuevo modelo de financiación autonómica que amenaza con romper el que ha sido creado desde 1978 y que en parte cumpliría con las promesas signadas.
Con el partido Junts, Sánchez se ha comprometido a la amnistía que traerá de vuelta a España al prófugo Carles Puigdemont y también habrá otro tipo de concesiones y perdones financieros que implicarán un gran reajuste en la fórmula presupuestal española, que necesariamente deberá echar mano de más y nuevos impuestos.
Para comenzar, Cataluña tendrá la condonación de su deuda autonómica por 15 mil millones de euros y, por ende, dejará de pagar mil 300 millones de euros por intereses. La cifra, según el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC, representa 20% de la deuda vinculada al fondo de ayuda a las regiones.
Se trataba de una vieja e insistente presión por parte de Cataluña, una comunidad autónoma con un hoyo fiscal por 73 mil 110 millones de euros, y tras el anuncio otras comunidades autónomas también quieren beneficiarse de la condonación pactada con las arcas catalanas. Sánchez ha dicho que estudiará la fórmula para extenderla a otras 13 autonomías que tienen deuda con el Estado, entre las que se incluyen Valencia y Andalucía.
En conjunto, sería condonar 191 mil millones de euros de deuda que varias autonomías deben al Estado español. Nadie sabe hasta el momento cómo se hará y mediante qué mecanismo será compensado el dinero que dejará de entrar por dicho rubro.
También Cataluña, a cambio de votar a favor de la investidura de Sánchez, tendrá otro premio gordo: se le cederá 100% de los impuestos gracias a una modificación que se planteará en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
A su vez, los nacionalistas vascos, a cambio de sus votos, lograrán administrar la caja de la Seguridad Social relacionada con el País Vasco, y Bildu adelanta que hará un referendo para buscar un modelo distinto de convivencia que le dé más autonomía al País Vasco.
¿Cuánto dinero del Estado podría haber comprometido Sánchez en sus pactos con los independentistas y nacionalistas? El PP andaluz, en voz de Antonio Repullo, cifra en 100 mil millones de euros la factura que Sánchez endosará al bolsillo de los españoles a cambio de esos votos concedidos que lo han hecho presidente otra vez en medio de la crispación ciudadana y de las protestas callejeras contra él.
Hay cierta sensación de que España se ha tirado al vacío sin paracaídas.
No habrá miel sobre hojuelas
En España el Senado aprobará varios cambios en el Reglamento de la cámara presentados por el PP, que tiene mayoría, para tratar de ralentizar la ley de amnistía y no verse condicionados a la urgencia que marque el Congreso.
“De este modo podrá ampliar la tramitación de los 20 días de urgencia a los dos meses ordinarios. Pero el plazo no se puede prorrogar más porque está limitado por la Constitución para evitar que el Senado obstruya la labor legislativa del Congreso”, de acuerdo con fuentes consultadas.
Asimismo, diversos inspectores de Hacienda preparan varios informes en los que cuestionan el traspaso de los impuestos a Cataluña porque haría “peligrar” los ingresos públicos a nivel estatal para financiar a las políticas públicas.
Cataluña ha pedido la cesión de 100% de los impuestos, pero el pacto entre el PSOE y Junts no aclara si se traspasará la gestión de los mismos o el Estado le remitirá lo que ingrese de los contribuyentes catalanes.
Los principales tributos en juego son el IRPF y en la actualidad el Estado recoge el 50% y las autonomías el restante 50%; el IVA, que se reparte al igual que el IRPF a mitad y mitad; y el Impuesto sobre Sociedades, que es íntegramente estatal.
Hay otros gravámenes, como el Impuesto sobre Patrimonio, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los impuestos especiales sobre fabricación (con el límite máximo de 58%), sobre la electricidad, sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego y el impuesto sobre hidrocarburos (con el límite máximo de 58%).